La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha exigido al Ayuntamiento de la capital catalana, en manos de Jaume Collboni, que se constituya con «celeridad» la Comisión de Amparo, la cual debe encargarse de velar por el derecho a participación de la ciudadanía. Así lo ha dejado claro el organismo a través de un comunicado, en el cual también argumentan que la falta de operatividad de este órgano municipal obligatorio «supone un incumplimiento del reglamento de participación ciudadana». Desde la sindicatura recuerdan que el informe municipal de la Dirección de Servicios de Participación e Innovación Democrática, el cual se presentó el pasado mes de julio, ya preveía constituir esta comisión en el mes de octubre. La previsión, sin embargo, no se ha cumplido.
Es por este motivo, pues, que desde la entidad consideran que es «fundamental» que el Ayuntamiento -a través del área de derechos sociales, cultura, educación y ciclos de vida- ponga en marcha esta comisión «lo antes posible». La petición de la Sindicatura de Greuges llega después de que un ciudadano presentara una queja formal para expresar su disconformidad con la anulación del Consejo de Barrio y de las Comisiones de Seguimiento del Baix Guinardó en abril de 2024, con menos de siete horas de antelación. Desde el Ayuntamiento atribuyeron la anulación del consejo de barrio a la convocatoria anticipada de elecciones catalanas por parte del expresidente Pere Aragonès, pero el ciudadano alegaba que otros consejos de barrio sí se llevaron a cabo a pesar de la convocatoria electoral.
Un tiempo excesivo para resolver la queja
Según argumenta la Sindicatura en el mismo comunicado, el Distrito de Horta-Guinardó ha tardado más de cinco meses en facilitarle la información para resolver la queja: «Este plazo supera con creces lo que puede considerarse un tiempo razonable», apuntan. Es por este motivo, pues, que consideran que la creación de esta comisión permitiría dar respuesta a las reclamaciones de la ciudadanía en relación con los procesos participativos. De hecho, recuerdan que el hecho de que este órgano no se constituya «impide que quienes creen vulnerados los derechos de participación se dirijan a él, como fue el caso de la anulación de Comisiones de Seguimiento y del Consejo de barrio del Baix Guinardó».
