El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha anulado la declaración institucional que el Pleno municipal aprobó en noviembre de 2023 sobre el conflicto entre Israel y Palestina, en la que, a propuesta de la exalcaldesa Ada Colau, se proponía la suspensión de las relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona e Israel hasta lograr un alto el fuego definitivo en Gaza. El tribunal considera que el texto aprobado en el Pleno no se ajusta a la legalidad vigente, pero el consistorio barcelonés, con Jaume Collboni como alcalde, ya ha dicho que presentarán un recurso contra esta resolución. El proceso judicial se inició a raíz de un recurso de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que impugnó la declaración porque transmitía un «mensaje negativo» de Israel.
La declaración de intenciones promovida por Colau se aprobó en el Pleno a raíz de los ataques terroristas perpetrados por Hamas en el sur de Israel a principios de octubre de 2023, y la posterior invasión israelí de la Franja de Gaza. Barcelona en Comú solicitó la suspensión de relaciones con el gobierno israelí y la iniciativa salió adelante gracias a los votos a favor del PSC, Esquerra Republicana y los comunes. En cambio, TriasxBCN, el PP y Vox votaron en contra. El texto, además de condenar los ataques contra la población civil y reclamar un alto el fuego, recogía «una cláusula de obligación contractual de carácter esencial en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador pertenezca o efectúe operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que vayan en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario».
Una vez la declaración fue aprobada en el pleno municipal a finales de 2023, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio llevó la declaración a la justicia porque consideraba que los acuerdos del pleno “no son una mera decisión inocua o meramente simbólica”, y que la declaración apuntaba a Israel “como la parte gravemente incumplidora”, algo que desde la entidad consideraban que enviaba “un claro mensaje negativo, de alejamiento y hostilidad respecto a Israel y sus ciudadanos”. Además, denunció falta de competencias del consistorio barcelonés para adoptar acuerdos en materia internacional y también para modificar el régimen de contratación pública.
La justicia ve «desigualdad de trato» por parte del Ayuntamiento
El juzgado contencioso administrativo expone en la sentencia que la declaración va más allá de «simples aseveraciones», y concluye que es un acuerdo “con efectos jurídicos”. En este sentido, subraya que la declaración impulsada en la etapa de Ada Colau “produce una desigualdad de trato a determinadas instituciones, empresas y organizaciones” que carece de justificación y que el Ayuntamiento excede sus competencias e invade incluso competencias estatales. Además, considera que también infringe los principios de objetividad y neutralidad ideológica que deben regir la actuación de los poderes públicos.
