Barcelona en Comú ha rechazado, con una abstención, la comisión de estudio que el PSC y ERC querían promover para evitar la compra con fines especulativos en Barcelona. No es la primera vez que los comunes bloquean el grupo de trabajo, que debía estar liderado por la republicana Elisenda Alamany, alegando que ya hay informes que avalan la medida y que la ciudad «no necesita titulares» sino «políticas de vivienda valientes». “¿Qué les da miedo de esta comisión?”, se ha quejado la teniente Laia Bonet este viernes en el Ayuntamiento. ERC ha acusado a BComú de “confundir deseo con realidad”.
El objetivo de la comisión era “estudiar y analizar en profundidad las opciones de regulación y las experiencias internacionales más efectivas” para evitar la compra especulativa y tenía previsto invitar a expertos en la materia. “Hoy nos obligan a debatir un tema que ha sido rechazado en dos ocasiones”, se ha quejado Martín, quien ha acusado al gobierno municipal de retrasar la toma de decisiones. BComú quiere cambiar el Plan General Metropolitano (PGM) para prohibir este tipo de compras, un aspecto que formó parte de la negociación de las ordenanzas fiscales.
“Hoy podríamos haber salido del plenario con un nuevo planeamiento urbanístico y el responsable de que esto no suceda es el gobierno, que incumple los acuerdos con BComú”, ha dicho Martín. Bonet le ha respondido: “Nosotros sí que tenemos palabra y estamos dispuestos a tramitarlo, pero son ustedes los que nos han pedido retirar el punto del orden del día porque no tienen suficientes apoyos”.
Los comunes, tal como ya han expuesto en otras sesiones plenarias, defienden que ya hay un “informe externo” que avala la prohibición de la especulación con herramientas municipales. Martín ha añadido ahora que el grupo de expertos configurado en el Parlamento de Cataluña también ha certificado que la prohibición de la compra especulativa es “viable, constitucional y compatible con el derecho europeo”. En este sentido, los de Gemma Tarafa han pedido al ejecutivo que ignore los grupos de trabajo y pase a la acción con “herramientas urbanísticas” para “avanzar trámites, estudios e informes” para limitar la compra especulativa.
En todo caso, el gobierno de Collboni quiere debatir la fórmula también en el Ayuntamiento. “Tenemos que ver qué implica la ley que saldrá del Parlamento para los ayuntamientos y para Barcelona”, ha dicho Bonet. “Tenemos que ver qué medidas son las que nos permiten proteger la vivienda”, ha sentenciado la teniente, crítica con los comunes por bloquear su comisión de estudio.
ERC también ha defendido la comisión, aún con más vehemencia que el gobierno. En un segundo punto sobre compra especulativa –se ha debatido en dos ocasiones–, la concejala Eva Baró ha acusado a BComú de “dogmatismo” y de “creer que tienen la razón en todo”. “Estamos viendo que cuando se hace una norma para limitar la compra aparecen dudas jurídicas que no se pueden ignorar por el bien de la medida”, ha añadido. Baró ha insistido en que los expertos “nos dicen que la normativa se estancará en los tribunales”, calificando la propuesta de BComú –que los de Gemma Tarafa quieren aprobar ya– de “poco ambiciosa y con grietas”. Los republicanos insisten: el “debate vivo” que genera esta cuestión “justifica” la creación de la comisión.
Junts pide fomentar la oferta de vivienda
La comisión ha tenido la oposición del resto de grupos. Junts, PP y Vox se han desmarcado. Los juntaires defienden que la compra especulativa supone un porcentaje “muy bajo” y han pedido fomentar la oferta de viviendas, “el problema real” que genera la crisis residencial. “Dejen de crear comisiones que vulneran derechos constitucionales”, ha dicho la popular Sonia Devesa.
