Junts de Barcelona aprobará la revisión de la ordenanza de civismo de Jaume Collboni. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, ha anunciado el voto favorable de su partido “después de meses” de negociaciones y una vez constatado que el ejecutivo socialista “ha aceptado todas y cada una de nuestras alegaciones”. “Hay un clamor generalizado de que necesitábamos esta herramienta, no podíamos permitirnos el lujo de perder un año y medio por no tener esta herramienta”, ha remarcado Martí Galbis. Con el voto de Junts y del PSC, Collboni tiene los apoyos necesarios para aprobar la norma.
Martí Galbis ha criticado el «seguidismo» de Collboni respecto a las políticas de Colau y ha descrito el nuevo texto normativo como “la ordenanza de Junts per Barcelona”. “Lleva el sello de Junts”, ha remarcado este martes en una comparecencia en el Ayuntamiento de Barcelona. Los de Junts presentaron 12 alegaciones el mes de octubre pasado. Este acuerdo dibuja un calendario para hacer efectiva la ordenanza en un año máximo, crea una unidad administrativa para agilizar los expedientes sancionadores e incorpora una evaluación de la norma cada cinco años. Por otro lado, el gobierno deberá entregar a la oposición un informe cada seis meses. La ordenanza, que tendrá el catalán como lengua “preferente” de las actuaciones policiales, también aumenta algunas sanciones; sobre todo en botellones, venta ambulante, grafitis y agresiones sexuales.
El líder de Junts en Barcelona ha enmarcado la aprobación de la ordenanza en una estrategia general del partido, que también ha apostado en el Congreso de los Diputados por aprobar una ley contra la multirreincidencia y contra las ocupaciones delictivas.
ERC puede sumarse
El otro partido que podría apoyar la nueva versión de la ordenanza es ERC, con quien el gobierno de Collboni mantiene buena sintonía y ha acordado sus presupuestos. Los republicanos quieren hacer un giro hacia una ordenanza con “un enfoque social”. El concejal Jordi Coronas ha apuntado en las últimas horas que el partido ha negociado con el PSC, a quien solicita garantizar “que la nueva norma no se convierta en una herramienta únicamente punitiva o alineada con los planteamientos de la derecha”.
ERC pide cien agentes más de la Urbana en la calle, priorizar la mediación y ampliar el catálogo de alternativas, criterios de proporcionalidad en las intervenciones policiales y “que ninguna sanción administrativa perjudique a las personas migrantes en sus informes de arraigo”. Meses atrás, Junts –que con los Comuns fuera de la ecuación, es necesario para aprobar la ordenanza– exigía que los antecedentes incívicos consten “en los correspondientes informes de arraigo” para “garantizar una información fiel y rigurosa a las autoridades competentes en materia de extranjería”.
Martí Galbis ha reconocido que esta última cuestión es competencia estatal desde noviembre de 2024, pero ha recordado que el ejecutivo de Collboni se ha comprometido –aceptándole un ruego en el último consejo plenario– a presionar al gobierno del Estado para aprobar el marco normativo que permita constar los antecedentes en los informes de arraigo. Por tanto, esta cuestión queda finalmente fuera de la ordenanza –la única alegación no aprobada, ha dicho Galbis– pero Junts “exigirá que se cumpla” el compromiso de que Madrid haga los cambios necesarios. En todo caso, Martí Galbis ha situado la petición de ERC como un “ejercicio de gesticulación” y ha recordado que Junts es el único partido “necesario” para aprobar los cambios de la ordenanza.
Fuentes de los Comuns han apuntado en las últimas horas al Tot Barcelona que el gobierno municipal ha rechazado el 80% de las enmiendas presentadas, una situación que prácticamente invalida cualquier margen para la negociación. Desde el primer momento, el grupo municipal aún liderado por Janet Sanz ha acusado a Collboni de mirar a la derecha para endurecer la ordenanza, en alusión a la cercanía a Junts. Desde el PP tampoco parecen muy partidarios de votar a favor. Los populares ya votaron en contra hace 20 años, cuando se aprobó, al considerarla demasiado blanda. Este año se abstuvieron de la aprobación inicial de la revisión, pero mantienen que el gobierno no ha negociado con ellos hasta el momento.
Primer gran acuerdo de Collboni con Junts
La modificación de la Ordenanza de Civismo da alas a un Jaume Collboni que gobierna sin mayoría y ha sido incapaz de impulsar grandes acuerdos los dos primeros años de mandato. Las negociaciones para aprobar los presupuestos solo han encontrado el aval de ERC y la revisión del 30% obligatorio de vivienda protegida en las promociones privadas cayó a última hora después de romperse las negociaciones con Junts. Este segundo caso es el mismo que ocurrió poco después con la incorporación de pistolas Taser a los mandos de las unidades antidisturbios de la Guardia Urbana.
