La normativa del 30% no se modificará, al menos por ahora. Junts per Barcelona, el partido que negociaba con el gobierno de Jaume Collboni la revisión de la regulación aprobada en 2018, con Ada Colau como alcaldesa, ha roto negociaciones con el PSC, anunció este miércoles por la mañana el presidente del grupo municipal del partido independentista Jordi Martí Galbis. Un acuerdo con Junts era la única opción que tenía Collboni para cambiar la norma, ya que Barcelona en Comú se opone, y ERC ha dicho reiteradamente que difícilmente se podrá contar con sus votos y que hace meses que el gobierno no habla con ellos sobre esta cuestión. El 30% obliga ahora a destinar este porcentaje a vivienda social en las nuevas promociones de pisos o en los edificios en los que se hacen grandes rehabilitaciones.
Según Martí Galbis, «la responsabilidad principal» de no haber llegado a un acuerdo es de Collboni y su gobierno. Junts ha expresado «desconfianza» total con el alcalde y el PSC. Y ha mostrado sus dudas de que los socialistas quisieran llegar a un pacto «real» para modificar el 30% por cálculos electorales. El presidente de Junts en el Ayuntamiento se ha referido al ejecutivo de Collboni de actuar con «prepotencia» con solo 10 de los 41 concejales del pleno. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos negociado durante tres meses. Nos hemos arremangado. Hemos mantenido conversaciones intentando poner los intereses de Barcelona. Y teníamos que esperar que se produjera un acuerdo. El acuerdo no era imposible, no lo era en absoluto». Junts ha querido dejar claro que si en el próximo mandato gobierna flexibilizará la normativa.
A pesar de haber tenido dos reuniones directamente con el alcalde, Martí Galbis ha asegurado que no salió nada concreto y ha calificado la postura del alcalde como la de un «virrey» que se ha mantenido al margen. «En ningún caso -el alcalde- se ha arremangado para llegar a un acuerdo con nosotros o con el resto de grupos». Junts ha recordado que la flexibilización del 30% era una «prioridad» de Collboni. Durante la campaña electoral de mayo de 2023, aseguró que la ejecutaría durante los 100 primeros días de mandato, pero han pasado dos años y nada ha cambiado.
Las condiciones de Junts
Hace meses que Junts había puesto sobre la mesa una serie de medidas para aprobar la normativa del 30%. La principal era una rebaja del IBI del 4% para el 2026. Esta condición iba acompañada de la necesidad de introducir otros cambios en las políticas de vivienda. El grupo municipal que lidera Martí Galbis había planteado al gobierno que reclamara a la SAREB (Sociedad estatal de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) los 823 activos inmobiliarios de que dispone Barcelona y que aún no han sido cedidos a la ciudad. La formación también pidió ofrecer préstamos del 20%, en colaboración con el Institut Català de Finances (ICF), para la compra de la primera vivienda; aplicar criterios de vulnerabilidad en el tanteo y retracto en la compra de propiedades verticales y que el Ayuntamiento diera ayudas al alquiler hasta los 3.500 euros, entre otras propuestas.
Tal como ha explicado Martí Galbis, el gobierno no ha aceptado sus condiciones. Sobre el IBI, Collboni proponía una reducción del 2%, una cifra insuficiente para Junts, y tampoco les garantizaba la cesión de los activos de la SAREB a Barcelona. El concejal también ha criticado que la intención del gobierno es incrementar en un futuro el recargo de la tasa turística, un tema sobre el cual Junts también es contrario.
Amenaza del gobierno a Junts hace una semana
Hace una semana, el gobierno de Collboni había amenazado con dejar los cambios del 30% para el siguiente mandato si no se cerraba un acuerdo antes del 1 de agosto, verbalizó el teniente de alcaldía del área económica Jordi Valls. «No podemos eternizar los debates. Si antes del verano no hay acuerdo, no discutimos, quedará cerrada la discusión política», dijo. Junts hizo como que oía llover y aseguró que continuaría negociando. Este miércoles, Martí Galbis ha criticado que se utilizara los medios de comunicación para presionarlos.
Hace unos días el TOT ya explicó que la propuesta de Collboni para modificar la normativa del 30% dejaba prácticamente fuera las grandes rehabilitaciones, ya que aumentaba el porcentaje de aplicación de los 600 a los 1.500 m². El gobierno excluía dos casos en los cuales sería de obligado cumplimiento la norma: cuando se produzca un cambio de uso en el edificio a vivienda plurifamiliar -cuando los cambios de uso se apliquen a 600 m² de techo o más-, y en divisiones horizontales en fincas de propiedad vertical, con la excepción si los inmuebles han sido reformados los últimos 10 años, cuando no hubiera hecho falta aplicar la regulación.
El gobierno sí mantenía aplicar la normativa del 30% en edificios de nueva construcción de 600 m² o más, y también en aquellos que se ampliaran. Pero a diferencia de ahora, cuando es obligado ubicar la vivienda social en la misma finca, Collboni había abierto la puerta a que el 30% se construyera en otros solares del mismo barrio o de barrios limítrofes, en viviendas construidas que estuvieran vacías del mismo barrio o en parcelas públicas con techo de vivienda pública en cualquier punto de la ciudad. En este tema, Junts y el PSC tampoco se han puesto de acuerdo porque la formación independentista quería que se aumentara el techo hasta los 1.000 m².
En la rueda de prensa, Martí Galbis ha calificado la aplicación del 30% estos años «de un fracaso clamoroso». Collboni justificaba la necesidad de modificar el 30% porque desde 2018 solo se habían conseguido 26 pisos sociales y la construcción de viviendas se había detenido. En una entrevista con el TOT, que tuvo lugar la semana pasada, la presidenta de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento Janet Sanz lo desmentía: «Dicen que acabados hay una treintena. Pero en marcha, hay más de 150 pisos sociales. Muchas promociones se han frenado porque están esperando que Collboni derogue la norma y poder avanzar sin cumplir».
