Al gobierno de Jaume Collboni se le acumula el trabajo si quiere aprobar la modificación de la reserva del 30%, que obliga a destinar este porcentaje a pisos públicos en las nuevas promociones y en las rehabilitaciones integrales de inmuebles que se hagan en Barcelona. Si no quiere hacer malabares en las votaciones, el PSC necesita a Junts per Barcelona para sacar adelante la medida, ya que Barcelona en Comú se opone. Este miércoles, el grupo que encabeza Jordi Martí Galbis ha puesto al alcalde unas condiciones para modificar la norma del 30% en el ámbito de la vivienda que, además, si se aprueban servirán para paliar la crisis residencial que sufre Barcelona. Entre otros puntos, Junts pide la cesión a la ciudad de los activos inmobiliarios de la SAREB, una rebaja del IBI del 4% en el año 2026, ayudas para la compra y el alquiler y dejar de adquirir edificios «mediáticos» como la Casa Orsola.
Aunque Junts -entonces PDeCAT-fue uno de los partidos que votó a favor de la normativa del 30% en 2018 en el pleno municipal, junto con Barcelona en Comú, PSC, ERC, CUP y los regidores no adscritos (Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé), ahora el partido de Martí Galbis sostiene que es necesario «flexibilizar» la reserva del 30% «para reactivar el sector y aumentar la oferta de vivienda y de vivienda asequible» en la ciudad. Hasta ahora, la aplicación de esta normativa ha sido «un absoluto fracaso en manos de los gobiernos de Collboni y Ada Colau», ya que entre los años 2019 y 2024, solo se han conseguido 26 pisos a un precio asequible.
En cualquier caso, Martí Galbis ha insistido en que modificando esta normativa del 30% no es suficiente para revertir la crisis de vivienda en Barcelona. «Planteamos las negociaciones del 30% en bloque, con todas las medidas que hemos presentado. No nos centraremos solo en una o en dos». El regidor ha recordado que el acceso a la vivienda es el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía, según el Barómetro municipal de diciembre pasado. «No podemos demorar más las propuestas posibles para revertir esta problemática. Queremos incidir en la hoja de ruta de la vivienda de la ciudad», ha remarcado Martí Galbis. A su parecer, se ha llegado a esta situación por las «políticas erráticas» del gobierno de los Comuns y el PSC que han encarecido la oferta y han creado incertidumbre en los propietarios e inseguridad jurídica en el sector. Para Junts, el gobierno, con 10 regidores de los 41, «no podrá ni ir a la esquina para resolver el problema de la vivienda que ellos han contribuido a crear. Queremos aumentar la oferta de vivienda y sobre todo la oferta de vivienda pública».
La SAREB tiene 567 viviendas en Barcelona
Tal como ha explicado Martí Galbis, una de las condiciones es que el gobierno municipal reclame a la SAREB (Sociedad estatal de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) los 823 activos inmobiliarios de los que dispone en Barcelona y que aún no han sido cedidos a la ciudad. Según el recuento de los juntaires, se trata de 567 viviendas, 85 locales, 35 solares y 136 anexos, entre los cuales hay trasteros y garajes.
Por otro lado, la formación independentista considera que es necesario ofrecer préstamos del 20%, en colaboración con el Institut Català de Finances (ICF), para la compra de la primera vivienda, «que hoy se ha convertido en una barrera infranqueable para muchas familias y jóvenes».
Basta de criterios mediáticos en la compra de edificios
Además, Martí Galbis ha exigido al alcalde aplicar «criterios de vulnerabilidad en el tanteo y retracto en la compra de propiedades verticales, en lugar de criterios mediáticos, o de dar respuesta a quien más grita». Junts ha hecho referencia a la Casa Orsola, una finca del Eixample comprada recientemente por el Ayuntamiento y la Fundació Hàbitat3 por 9,2 millones de euros, 3,2 millones más de lo que costaba en el año 2021, cuando el gobierno de Ada Colau descartó la adquisición.
Desde Junts se plantea también que el consistorio ofrezca ayudas al alquiler hasta los 3.500 euros. Este dinero debería ser para familias con menores a cargo y debería destinarse a los gastos de entrada al piso de alquiler, como la fianza, el primer mes de alquiler y otros costes asociados (gastos de contratación o el seguro), ha dicho el presidente de Junts en el Ayuntamiento. También en el ámbito del alquiler, el partido pide ayudas para el acceso a una vivienda para familias monoparentales, «con la subvención del 20% de la renta del alquiler, con un máximo de 3.500 euros anuales».
Una rebaja del IBI del 4%
Junts insiste también en la necesidad de reducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 4%. Esta petición la formación ya la hizo para las ordenanzas fiscales del 2025, pero Collboni se limitó a congelarlo para las familias con el apoyo de los Comuns y ERC. Ahora, Martí Galbis quiere el compromiso del PSC de que esta rebaja se aplicará el año próximo y es una condición innegociable de los juntaires si el alcalde quiere revisar la normativa del 30%. El grupo ha propuesto también rebajas en el IBI a aquellos propietarios que quieran pasar sus viviendas del alquiler temporal al alquiler de larga duración.
En opinión de Martí Galbis, estas medidas son perfectamente «asumibles» por el Ayuntamiento de Barcelona desde el punto de vista económico, ya que el año 2023 el consistorio cerró con un superávit de 50 millones (según los datos facilitados por Junts) y, por tanto, hay «musculatura» para ayudar a las personas y familias más vulnerables.
