El gobierno de Jaume Collboni se irá de fin de semana con dos derrotas sonadas, una de ellas bastante sorprendente. La reprobación del alcalde era previsible, pero Junts ha ido más allá y ha impedido la aprobación del reglamento de las pistolas Taser. La formación liderada por Jordi Martí Galbis está de acuerdo en el fondo de la medida y también en el redactado del reglamento, pero ha acusado al teniente Albert Batlle de ignorar la «opinión de los sindicatos». El mismo Martí Galbis, que horas antes ha entrado a fondo en el cara a cara con la teniente Laia Bonet por el 30%, ha pedido retirar el reglamento del orden del día hasta que lo revisen los sindicatos policiales. «Retire el punto, envíe el reglamento a los sindicatos y el mes que viene le daremos apoyo». Batlle no lo ha hecho y Junts ha votado en contra.
Batlle logró tramitar inicialmente el reglamento con los votos favorables de Junts, PP y Vox. Pero los tres grupos hicieron reserva de voto en la comisión de presidencia previa al plenario. «Votar hoy en contra de las Taser es poner en riesgo la vida de los agentes de la Urbana», ha apuntado el popular Daniel Sirera, que se ha quedado solo apoyando al gobierno municipal. Barcelona en Comú y ERC han votado en contra y Vox ha optado por la abstención.
Batlle ha lamentado la oposición de los grupos a un reglamento que considera «garantista» y que «asegura un buen uso de las DCE». El teniente ha acusado a los concejales de enviar a sus asesores a las reuniones informativas y ha insistido en que el gobierno ha incorporado la mayoría de alegaciones presentadas. También ha defendido que el reglamento separa el tiempo entre descarga y descarga a cinco segundos y que incorpora mecanismos de seguimiento. «El marco normativo en el que nos basamos [reglamento de las Taser del Departamento de Interior] lo aprobaron Junts, ERC y el PP en el Parlamento de Cataluña», ha lamentado.
El Ayuntamiento, dividido en dos por las Taser
El reglamento de las Taser ha mostrado dos maneras de encarar la seguridad. Junts, PP, Vox y el PSC han mencionado la seguridad de los agentes en su argumentación, mientras que Barcelona en Comú y ERC han advertido del peligro del arma y han acusado a Batlle de permitir las descargas en menores. El reglamento definitivo continúa marcando la edad mínima en los 14 años. Es la edad en la que comienza a haber responsabilidad penal, defiende Batlle. Pero ERC y Barcelona en Comú ven un error de concepto, en la línea de lo que han apuntado entidades como Irídia o Amnistía Internacional. «La responsabilidad penal no debe discernir si se puede utilizar o no un arma, son las condiciones físicas», ha reprochado el republicano Jordi Coronas. «El reglamento no es garantista y es imprudente», ha rematado.
En una línea bastante similar se ha expresado el concejal de los Comuns Marc Serra, que ha citado la muerte de una persona en Santa Coloma al recibir seis descargas y ha preguntado directamente a Batlle si es capaz de asegurar que el reglamento «da garantías de que unos hechos tan graves como estos no se volverán a repetir». El concejal también ha pedido limitar el número de Taser a las 22 previstas inicialmente y ha acusado al gobierno de alinearse con el PP por aceptar una alegación que abre la puerta «para que cualquier agente de la Urbana tenga Taser». «Una carrera nefasta con la derecha y la extrema derecha», ha sentenciado.
Si Serra lo ha criticado, Sirera lo ha celebrado. «Si la ciudadanía nos apoya en 2027 -ha dicho pensando ya en las elecciones- dotaremos a todas las patrullas de la Guardia Urbana de un dispositivo [la Taser] que garantizará la seguridad de todos los policías». El popular ha comparado las 22 pistolas eléctricas que prevé impulsar el ejecutivo con las 350 armas que tiene la policía municipal de Madrid. «Una comparación vergonzosa». La extrema derecha también ha calificado el reglamento de «despropósito».
