El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este viernes que una fórmula mixta de compra cooperativa con el tercer sector permitirá al consistorio garantizar que ningún vecino de la casa Orsola será desahuciado, y que la finca centenaria del Eixample pasará a tener alquileres asequibles. El anuncio llega tras mucho tiempo de lucha para evitar que el fondo propietario desahuciara a los vecinos -algunos llegaron a acuerdos-, y de hecho, este martes 18 de febrero había programado un desahucio que ya había sido aplazado por la presión ciudadana. La compra se realiza por un importe de 9,2 millones de euros: Hàbitat3 asume 4,3 M euros y el Ayuntamiento 4,7 millones. En total, en la Casa Orsola hay 26 viviendas y cuatro locales comerciales. De estos, hay nueve pisos que «a corto plazo» ya se podrán poner en la bolsa de alquiler asequible de la ciudad.
«A golpe de talonario y con el dinero de todos»
Ante este anuncio, Junts Barcelona ha argumentado, de la mano del portavoz adjunto del grupo, Damià Calvet, que «la compra de la Casa Orsola es una buena noticia para los afectados, pero una mala noticia para las políticas de vivienda de Barcelona». De hecho, los miembros de Junts se preguntan si la operación responde «a estrictos criterios de justicia social o es solo que llega la administración y, a golpe de talonario y con el dinero de todos, resuelve problemas de unas cuantas personas o familias», y pide no basar las políticas de vivienda en la improvisación.
Además, el grupo de Junts alerta que la actuación en la casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona «perpetúa unas políticas que generan incertidumbre jurídica, no generan la oferta que necesitamos y provocan que la oferta existente pueda encarecerse». De hecho, el partido pide ir a la raíz del problema: «A esta situación no se llega por casualidad, sino por unas políticas nefastas de los últimos años. Es el gran fracaso de los gobiernos de Colau y Collboni, con medidas como el fracaso del control del alquiler o de la medida del 30% que ha paralizado la oferta», ha rematado Calvet.
Finalmente, el concejal se ha preguntado «qué pensarán las familias vulnerables de la ciudad que llevan tiempo en lista de espera para obtener una vivienda social sobre esta operación que pensamos que es económicamente y socialmente insostenible».
