La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), un órgano autonómico independiente, ha admitido a trámite provisionalmente la petición de una auditoría de los ocho años del gobierno d’Ada Colau. El pasado octubre, el TOT Barcelona avanzó que más de 2.100 ciudadanos habían firmado la demanda. La solicitud se presentó ante el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Transparencia, explicó Luis Carmelo, portavoz de Abuelos del Barrio del Buen Pastor, la asociación vecinal que impulsó la iniciativa. A principios de diciembre, el consistorio desestimó la petición de información.
Ahora, la instancia salta al ámbito autonómico. En un documento al cual ha tenido acceso este medio, la GAIP dice que la queja inicia su tramitación. El primer paso que hará la comisión es pedir en el Ayuntamiento la remisión del expediente, de los antecedentes y de un informe jurídico, “a la vista del cual evaluará si se tiene que dar traslado a terceras personas afectadas eventualmente por el acceso, y también si hace falta que la Autoridad Catalana de Protección de Datos se pronuncie”.
Dos meses para resolver
La GAIP dispone de dos meses para resolver la queja, a pesar de que este periodo se puede alargar dos semanas más por la petición de informes externos, como es el caso. Según dice en su página web, la principal función de la GAIP es atender las reclamaciones de la ciudadanía contra la desestimación de acceso a la información. “Se puede reclamar ante la GAIP contra cualquier administración, entidad o empresa pública de Cataluña”.
La información que los más de 2.100 ciudadanos pidió era muy amplia e incluía las compras, subvenciones, contratos (entre ellos los “troceados, para evitar la concurrencia pública”), convenios, balance general, deuda, flujos de efectivo y estado de las variaciones del capital contable municipal. También se solicitó una relación de todas las viviendas compradas –incluidos los adquiridos por “sobre del precio de mercado”– y datos sobre los solares que son propiedad del Ayuntamiento con los metros y la ubicación.
Un estudio de las subvenciones otorgadas
En el texto que presentaron en octubre ante el Ayuntamiento, los demandantes planteaban un “estudio económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas otorgadas”, el dinero público destinado a la defensa jurídica (interna y externa) de los miembros del gobierno y la recaudación de la tasa municipal de recogida de basura, que fue tumbada por el TSJC y de la que ahora se está a la espera de conocer la sentencia al recurso presentado por el consistorio. Cómo avanzó el TOT, los cobros desde el verano de 2020 hasta finales de 2023 eran de más de 136 millones de euros.
Tanto del mismo Ayuntamiento como de los institutos, consorcios, fundaciones, asociaciones y empresas municipales o con participación del consistorio, además se pedían las indemnizaciones y gastos de casos de responsabilidad patrimonial, el pago de los costes procesales de sentencias con referencia y nombre del procedimiento, e indemnizaciones pagadas por suspensión de contratos de obras. También se quería conocer las multas que Hacienda o la Seguridad Social han podido imponer en el Ayuntamiento, multas coercitivas, los costes de los cargos de confianza y los gastos de informes y trabajos documentales que el Ayuntamiento ha pedido a externos, entre mucha otra documentación.
Un volumen de información “inasumible”, según el Ayuntamiento
En una larga respuesta de principios de diciembre, el Ayuntamiento desestima la petición de hacer una auditoría de los dos mandatos de Colau. A grandes rasgos, el gobierno municipal dice que la información que se pide “es de un volumen inasumible, afecta a toda la organización municipal y entes dependientes, y además compran un ámbito temporal que va desde junio del 2015 hasta junio del 2023, es decir, ocho años. Actualmente, con los sistemas de información de los que dispone este Ayuntamiento no es posible obtener toda la información pedida de una forma ordenada y centralizada, y habría que hacer una investigación individual de cada uno de los diferentes conceptos pedidos por cada una de las diferentes gerencias y entes dependientes”.
