La fiscalía ha pedido archivar la querella contra la exalcaldesa Ada Colau y los exregidors Marc Serra y Lucía Martín por la actuación del consistorio en el caso de Bloc Llavors. La empresa Vauras Investment SL presentó una demanda contra ellos tres el junio del año pasado, pero el ministerio fiscal considera que «no ha quedado acreditado» que el consistorio haya cometido delitos de coacciones y prevaricación. El fondo de inversión denunciaba que el gobierno Colau le sancionó por no querer ofrecer alquileres sociales a las familias de este bloque de pisos.
La fiscalía dice ahora que los denunciantes «nunca aportaron las grabaciones donde supuestamente se cometían» coacciones. Según apunta el ACN, el texto sí que reconoce que los demandantes aportaron una serie de grabaciones, sobre las cuales se dice que «no tienen el carácter intimidatorio necesario para considerar cometido el delito». Sobre la tramitación de expedientes municipales, la fiscalía concluye que no se aprecia la existencia de ningún delito y remarca que en la mayoría de los procedimientos presentados «ni siquiera participaron la mayoría de querellados».
Más demandas con Colau que con otros alcaldes
El caso ha traído cola estos últimos meses en el consistorio. Inicialmente, el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona desestimó la querella. En todo caso, poco más tarde la Audiencia de Barcelona pidió reabrir el caso para investigar si el Ayuntamiento prevaricó con una serie de expedientes administrativos.
Desde el 2015, el consistorio ha afrontado 1.800 contenciosos–administrativos de media cada año, segundos datos facilitados al TOT Barcelona por el equipo de gobierno anterior a Jaume Collboni. Una cifra que prueba que el ejecutivo de Colau recibió más demandas que cualquier otro anterior en la ciudad de Barcelona. De hecho, con los comunes en el Ayuntamiento se doblaron las querellas en relación con las que hubo durante el mandato de Xavier Trias.
