El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que la reforma del eje verde de Consell de Cent, ejecutada por el gobierno de Ada Colau, se tramitó con irregularidades y, por lo tanto, es ilegal. El 5 de septiembre de 2023, una jueza de Barcelona anuló las obras, alegando que para llevar a cabo la remodelación de una parte de la calle se debería haber modificado el Plan General Metropolitano (PGM), al tratarse de red viaria, y ordenaba deshacerlas (posteriormente, la misma magistrada propuso una mediación). El Ayuntamiento, ya encabezado por Jaume Collboni, presentó un recurso de apelación contra la sentencia, que ahora el TSJC ha desestimado.
Tal como ha adelantado La Vanguardia, el TSJC concluye que la reforma de Consell de Cent, entre las calles de Bruc y de Casanova, así como la plaza que se construyó a la altura de la calle de Enric Granados, es nula de pleno derecho. De esta manera, la Justicia da la razón una vez más a Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales y turísticos que denunció la transformación. El TSJC dice que la calle ha dejado de ser una vía local -red viaria- para pasar a ser una vía cívica.
Fuentes municipales han confirmado al TOT Barcelona la desestimación del recurso de apelación, pero han anunciado que presentarán un recurso de casación. «Tenemos suficientes motivos para hacerlo: por un principio de responsabilidad institucional y porque defendemos la legalidad de la actuación», han subrayado fuentes del servicio de prensa del Ayuntamiento.
«Sin el procedimiento legalmente previsto»
En ningún caso el TSJC cuestiona el modelo de la reforma ni lo que puede hacer el Ayuntamiento, sino que pone el foco en cómo se tramitó la remodelación de Consell de Cent. «Las obras ejecutadas han supuesto la modificación del PGM -a pie de calle-, sin que se haya observado el procedimiento legalmente previsto».
Tal como ya ha explicado el TOT en diferentes artículos, la Justicia ya ha anulado otras transformaciones de ejes verdes por el mismo motivo, es decir, no haber tramitado previamente una modificación del PGM para hacer las obras, como es el caso de la calle de Comte de Borrell (en abril de 2024) y el de Rocafort (en mayo de 2024). También en junio de 2024, otro juzgado de Barcelona anuló la pacificación de la Vía Laietana, argumentando lo mismo. En todos los casos, el Ayuntamiento ha presentado un recurso.
No obstante, los criterios judiciales sobre estas transformaciones han sido dispares. En octubre de 2024, un juzgado avala la reforma de Consell de Cent con Girona, con el argumento de que no era necesaria la modificación previa del Plan General Metropolitano. Previamente, se había archivado la causa penal contra Colau y la exteniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz que había presentado el exarquitecto jefe del consistorio Josep Antoni Acebillo.
Una sentencia constata que las cosas se han hecho bien, dice el Ayuntamiento
De hecho, esta discrepancia de criterios es el punto de vista del Ayuntamiento para decidir presentar el recurso de casación. «De las sentencias sobre los ejes verdes que hemos recibido en los últimos meses una era favorable y constataba que se habían hecho las cosas bien», dice el Ayuntamiento. Y en la resolución del TSJC de ahora «hay un voto particular de una magistrada que apoya la tesis del Ayuntamiento de que las obras no han modificado la funcionalidad de las calles y que, por lo tanto, no era necesario modificar el PGM». «Creemos que la divergencia de opiniones en las sentencias y este voto particular pone de relieve que debemos avanzar en la desjudicialización del conflicto sobre los ejes verdes, que nunca debería haberse judicializado».
La funcionalidad de la calle «ha mutado»
En cambio, la sentencia del TSJC contraria a la reforma sostiene que la funcionalidad de la calle «ha mutado», y concluye que «es un hecho público y notorio que las obras ya están ejecutadas, y basta con un recorrido por la vía para confirmar tal conclusión».
Es prácticamente imposible que las obras de Consell de Cent o del resto de calles con sentencias contrarias se reviertan, pero pone de manifiesto, como han defendido en varias ocasiones el mismo alcalde y la primera teniente de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet, la necesidad de llegar a consensos, si es posible, en los grandes proyectos de ciudad u otros para evitar la judicialización de estos. Así lo expresó recientemente Bonet cuando se supo que el TSJC había anulado el veto del gobierno de Colau a la construcción del museo Hermitage en el Puerto de Barcelona.
Evitar la judicialización
Este sábado, el Ayuntamiento ha añadido: «Haremos más pacificaciones, pero lo haremos escuchando, compartiendo y llegando a acuerdos. Porque en un contexto como el actual, en el que la ciudad necesita más verde y más espacios para los peatones y la movilidad sostenible, no podemos permitirnos que las transformaciones urbanísticas se judicialicen».
