El Partido Popular ha certificado el voto contrario a la ordenanza de civismo, que Jaume Collboni aprobará igualmente con los votos de Junts y ERC. El partido de Daniel Sirera, que permitió la tramitación inicial el pasado julio con una abstención, se debatía entre la abstención y el voto contrario al texto durante las últimas horas. Pero el gobierno municipal, dicen fuentes populares, no ha entrado a negociar sus alegaciones y los de Sirera apuestan finalmente por desmarcarse del todo.
Los populares siempre se han mostrado partidarios de un endurecimiento de la norma –el camino escogido por Collboni, que entre otras cosas incrementa las multas a quien hace pintadas, las necesidades fisiológicas en la calle o botellones– pero Sirera apunta que el texto final de la norma es “sesgado y tiene lagunas”. En declaraciones este martes por la tarde, el líder popular en Barcelona ha lamentado que “Collboni da prioridad a los socios de Sánchez” para cerrar la ordenanza y ha acusado al ejecutivo de estar a punto de aprobar una “amnistía encubierta al incivismo”.
Los populares aseguran que la nueva ordenanza no certifica que se puedan cobrar las sanciones y recuerdan, tal como explicó meses atrás el gobierno en informes suyos, que en los últimos años solo se ha recaudado el 16% de las sanciones. El PP también vincula la ordenanza de convivencia al control de la inmigración y lamenta, en este sentido, que Junts haya dejado caer de sus demandas que los antecedentes figuren en los informes de arraigo. El PP lo ve un “despropósito”, pero Junts ha aclarado que no renuncia al objetivo. Un cambio normativo en noviembre de 2024 retiró esta competencia a los ayuntamientos y Collboni se ha comprometido con Junts a llevarlo a Madrid. “Estaremos encima”, ha dicho el presidente de Junts Jordi Martí Galbis.
El PP también había pedido prohibir el burka y el niqab en espacios municipales, tal como exige la extrema derecha en otros hemiciclos, y dotar a los agentes cívicos de una “regulación propia” que los convirtiera en un “cuerpo auxiliar de la Guardia Urbana”. Otras peticiones clave que han quedado en nada son el incremento progresivo de las multas en caso de reincidencia o mecanismos para garantizar el cobro de las sanciones a infractores extranjeros. Este último aspecto, en todo caso, genera lecturas opuestas; el gobierno municipal asegura que se incorporará un régimen sancionador más ágil para que los turistas paguen antes de regresar a su país.
BComú votará en contra con argumentos opuestos al PP
Muy diferente es la postura de los Comunes, que han reaccionado al acuerdo del PSC con Junts minutos después de anunciarse. El concejal Marc Serra ha lamentado que el PSC haya aceptado el marco mental de Junts, que, según el concejal ecosocialista, “ha logrado que se hable de multirreincidencia en la ordenanza de civismo cuando la mayoría de reincidentes duermen en la calle o se dedican a la venta ambulante”. Serra cree que el nuevo texto de la ordenanza, que se aprobará muy probablemente este mismo diciembre, permite entrar en “terreno pantanoso” porque señala “a los más vulnerables”. “Collboni ha caído en la trampa de la derecha”, ha insistido.
Los Comunes ya intentaron flexibilizar el texto durante los mandatos de Ada Colau y ahora vuelven a lamentar que Collboni no apoye sus demandas. Serra mantiene que el texto permitirá ser más duro con los sintecho o los vendedores ambulantes –los más reincidentes, al vivir en la calle, ha dicho– y lamenta que se apueste por endurecer sanciones “sin haber alternativas”. En este sentido, BComú pone de ejemplo la negativa del PSC a instalar 150 baños públicos en Barcelona. Serra recuerda que hay una prueba piloto realizada en Ciutat Vella y ha pedido expandirla al resto de la ciudad.
Sea como sea, los votos de los Comunes, a quienes el gobierno sí ha buscado para aprobar las ordenanzas fiscales o intentar aprobar por mayoría el presupuesto, son ahora insignificantes. El apoyo de Junts y de ERC otorga al PSC 26 de los 41 concejales y Collboni podrá certificar antes de Navidad su primer gran acuerdo del mandato por mayoría absoluta del Pleno.
