El gobierno de Jaume Collboni no oculta su indignación con Junts, que hace unos días rompió relaciones por la reforma del 30% y este viernes ha tumbado el reglamento de las armas Taser. Poco después de perder la votación, el teniente Albert Batlle acusó al partido liderado por Jordi Martí Galbis de «dejar tirada a la Guardia Urbana». «Han perdido totalmente el rumbo», espetó en una atención a los medios de comunicación en los pasillos de Sant Jaume. El voto contrario a las Taser, que Junts ha defendido porque el gobierno no ha presentado el reglamento a tres sindicatos policiales, denota «una falta de liderazgo y de proyecto de ciudad de Junts», criticó Batlle. El responsable de la seguridad municipal niega que haya faltado diálogo y rebaja las reticencias policiales a un único sindicato. «Han buscado cualquier excusa, hay sindicatos que han pedido revertir esta postura escéptica», aseguró Batlle.
El socialista señaló directamente al líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, insinuando que «no todos dentro de Junts están de acuerdo con esta postura». Batlle calificó de «sorpresa» el voto contrario de Junts y remarcó que en ningún momento se ha planteado retirar el punto del orden del día del plenario, como así le ha pedido desde la bancada Martí Galbis. «No es un tema nuevo. Estaba en la calle y ha habido un proceso de información pública en el que se han podido presentar enmiendas. He hablado con sindicatos y mandos. No hay excusa para justificar el comportamiento de Junts«, insistió Batlle.
El teniente se ha comprometido a «reconducir» la situación para sacar adelante el reglamento de las Taser, pero remarcando que «no hay intención» de volverlo a llevar al próximo plenario. Esta situación difumina los calendarios previstos y Batlle no ha asegurado que la Urbana tenga las 22 Taser previstas para el verano de 2026, la intención inicial. «La idea era que las DCE estuvieran aquí dentro de un año, pero ahora todo esto se ha frenado y veremos qué recorrido tiene», reconoció Batlle. Desde el ejecutivo no entran a valorar por ahora posibles escenarios nuevos e insisten en señalar la «irresponsabilidad» de Junts. El mismo Batlle recordó que hay «otros proyectos» sobre la mesa, como la ordenanza de convivencia, y se ha preguntado qué postura mantendrá Junts.
Junts acusa al gobierno de «prepotencia»
Menos de cinco minutos tardó en responder Jordi Martí Galbis. «Lamentamos la prepotencia del gobierno de Collboni», respondió. «Batlle miente», prosiguió. «Ayer mismo le dije que, atendiendo las peticiones de tres sindicatos mayoritarios, que por favor querían tener un papel activo en la regulación, le pedí que retirara este expediente antes del plenario, que se siente con los sindicatos y que vuelva a presentar el expediente al pleno de julio», detalló.
Martí Galbis ha cuestionado la manera de hacer del gobierno municipal, acusándolo de «arrogancia«. «Si negocias con inteligencia, responsabilidad y lealtad llegas a acuerdos», remarcó el dirigente. «Pero el gobierno actúa con prepotencia y arrogancia». Desde Junts recuerdan que piden las Taser desde hace seis años y responsabilizan al ejecutivo socialista, y al anterior liderado por Colau, de haber retrasado la regulación que las haría posibles.
Los sindicatos lamentan un «espectáculo lamentable»
Los sindicatos policiales han criticado lo que consideran un «espectáculo lamentable» de «reproches cruzados, bloqueos y oportunismo partidista que en nada beneficia ni a la ciudadanía ni a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Urbana». En un comunicado enviado a los medios, la UGT remarca al mismo tiempo que el proceso «no ha cumplido con las garantías formales ni materiales exigidas por la normativa». «Lamentamos profundamente que, por la incapacidad de llegar a consensos, la Guardia Urbana de Barcelona no dispondrá a medio plazo de una herramienta operativa que puede contribuir a proteger mejor a la ciudadanía y a los mismos agentes. La falta de acuerdos ha terminado obstaculizando una herramienta que, bien regulada, es necesaria», apunta el texto. El CSIF ha sido más breve, acusando al gobierno en un tuit de «menospreciar a la parte social en un recurso tan importante para la seguridad de los ciudadanos de Barcelona».
El reglamento tampoco es muy bien visto, por motivos muy diferentes, entre las entidades de derechos humanos. Irídia y Amnistía Internacional, entre otras, creen que se está planteando el debate en términos erróneos y advierten que las Taser son armas «potencialmente letales». Estas entidades han pedido que el arma no se pueda utilizar en manifestaciones y critican que el reglamento permita su uso en menores de 14 a 18 años. En este sentido, tampoco entienden que el redactado esté hecho de tal manera que permita usar el arma en caso de duda.
