Jaume Collboni había situado la revisión del 30% para vivienda protegida como una de las medidas clave de este final de curso. Pero las presiones y los ultimátums no han tenido efecto y Junts se ha levantado de la mesa de negociaciones. «Nos habíamos comprometido a seguir hablando esta semana», subrayó al día siguiente de la ruptura la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que no ocultó la «sorpresa» que se llevó el ejecutivo municipal. «Sin ningún retorno, nos encontramos con una rueda de prensa y con un levantamiento de la mesa», reiteró.
El alcalde había cedido el eje troncal de la negociación a la misma Laia Bonet y al teniente Jordi Valls, un aspecto que ha molestado a Junts. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, acusó a Collboni de «no arremangarse» en las conversaciones. «Nosotros, el gobierno, nos mantenemos en la mesa y esperamos poder hablar con Junts y que nos expliquen los motivos, porque lo que explicaron ayer en la rueda de prensa difícilmente se puede entender», respondió esta mañana Bonet.
Desde el ejecutivo, que habían situado el verano como fecha límite para llegar a un acuerdo, insisten en la reserva de una medida «que es más necesaria que nunca». Bonet recordó que la iniciativa del 30% entró en vigor en 2018, pero que «no ha producido efectos en la ciudad». «Solo se han hecho 23 de los 2.000 pisos que deberíamos tener», destacó, siguiendo el que es el principal argumento del PSC para flexibilizar una de las medidas estrella del gobierno de Ada Colau.
La ruptura de relaciones con Junts
Bonet reaccionó al día siguiente de que Junts decidiera levantarse de la negociación. Los de Martí Galbis consideran que Collboni no tiene una voluntad «real» de revertir la medida. «El acuerdo no era imposible, no lo era en absoluto», insistió el presidente del grupo en rueda de prensa. Los independentistas aseguran que la «desconfianza» con el PSC es muy grande e incluso han acusado a Collboni de «prepotencia».
Junts ha puntualizado que se han reunido con el mismo Collboni en dos ocasiones, pero defienden que no se ha avanzado en ninguna de sus exigencias. El principal grupo de la oposición ha pedido una rebaja del IBI del 4% y que el ejecutivo municipal pida a Madrid los 823 activos inmobiliarios de los que dispone la SAREB en Barcelona, entre otras medidas económicas. El PSC ha intentado reducir el debate estrictamente al 30%, a pesar de que el mismo alcalde, en una entrevista a TVE, había abierto la puerta a una rebaja del IBI si se acompañaba de una mayor presión fiscal al turismo. Insuficiente para mantener vivas las negociaciones, que quedan ahora en un cajón.
