El presunto desvío de unos 400.000 euros por parte de una trabajadora del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de ayudas sociales a cuentas bancarias está levantando mucha polvareda en el Ayuntamiento de Barcelona. Según la información de la que dispone TOT Barcelona, tres grupos municipales han pedido explicaciones al gobierno de Jaume Collboni. Son Junts per Barcelona, ERC y Vox. Por ahora, Comuns y PP no lo han hecho. La empleada, que ha sido suspendida de sus funciones y apartada de su puesto de trabajo, ya fue denunciada por el Ayuntamiento de Montmeló en 2015 por hechos similares.
En una información difundida a los medios por el servicio de prensa municipal, el consistorio aseguraba que se tenían «indicios sólidos» del desvío del dinero –una cantidad, la de 400.000 euros, que el gobierno de Jaume Collboni no ha facilitado, pero sí que aparece en las preguntas que Junts plantea al ejecutivo socialista-, y que este hecho se había descubierto tras una «revisión exhaustiva interna». También añadía que los servicios jurídicos del consistorio habían tomado las medidas judiciales correspondientes y que, en el marco del plan de trabajo del mandato, se han activado «nuevos procedimientos complementarios a los actuales para el refuerzo y mejora de los sistemas de información para identificar, documentar, analizar, optimizar, planificar y monitorizar los diferentes procesos clave de la organización, así como la actualización del plan de sistemas informáticos y el reglamento de ayudas». Según el Ayuntamiento, gracias a estos sistemas ha sido posible detectar el caso y poner a la mujer a disposición judicial.
El caso está judicializado
Ahora, fuentes del servicio de prensa del Ayuntamiento dicen que no pueden dar más información porque la situación está judicializada. Sí aclaran que, en el momento en que la persona denunciada se presentó a la oposición para trabajar en el consistorio barcelonés, cumplía con el requisito que establecen las bases de todo proceso y que dice textualmente así: «No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial».
En Nou Barris y antes en Montmeló
El fraude se detectó en el centro de servicios sociales de Porta, Vilapicina y Torre Llobeta, en el distrito de Nou Barris, según han detallado trabajadores del Ayuntamiento. Con anterioridad, la mujer ya había hecho algo similar en el Ayuntamiento de Montmeló, han confirmado fuentes de este consistorio al TOT. Entonces los hechos fueron denunciados ante la Justicia, pero el proceso aún no está cerrado. Desde el consistorio del municipio del Vallès Oriental no se ha concretado la cantidad del fraude. En Barcelona, el gobierno dice que, «fruto de la activación del protocolo de auditoría interna», se ha podido constatar que se trata de un «hecho aislado» y que la trabajadora habría actuado sola.
En las explicaciones que Junts per Barcelona pide al gobierno figura saber cómo se detectó el fraude. En el texto, firmado por la regidora Neus Munté, la formación quiere salir de la duda si el caso se conoció a través de una auditoría interna o porque otra profesional reconoció a la mujer de otra administración -según han explicado a Junts diferentes sindicatos-. Si fue a través de una auditoría, Junts pregunta en qué consiste, el alcance y con qué periodicidad se realiza. Y si el descubrimiento fue «casual», la exconsejera de la Generalitat plantea qué medidas concretas tomará el Ayuntamiento «para mejorar los procedimientos internos» y evitar que se repita una situación como esta. Además, Munté pregunta por qué no se ha creado la figura del adjunto a la dirección de los centros de servicios sociales, «especialmente en los más grandes o situados en zonas con mayor índice de vulnerabilidad social para poder descargar de trabajo a las direcciones y mejorar los mecanismos internos de los centros».
ERC pide que comparezca el cargo político
ERC ha dado un paso más allá y ha solicitado la comparecencia del responsable político que gestiona los Derechos Sociales en la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de este martes próximo. Desde hace unas semanas, la gestión política de Derechos Sociales recae en la quinta teniente de alcaldía Raquel Gil. El alcalde Jaume Collboni anunció en mayo una reordenación del gobierno en la cual, entre otros aspectos, dejó a la segunda teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay sin el área de Derechos Sociales.
La regidora republicana Eva Baró defiende que ante casos como el denunciado hay que actuar con transparencia, «no solo porque el Ayuntamiento tiene la obligación de hacerlo, sino también porque explicando los hechos, evitaremos discursos alarmistas, estigmatizadores y culpabilizadores hacia los servicios sociales». ERC añade que en todo este proceso es necesario acompañar a los profesionales de servicios sociales, ya que las «posibles noticias y discursos generalistas pueden dañar la imagen, tanto del IMSS como de los profesionales de la educación y el trabajo social».
En esta línea, el grupo municipal de Vox ha exigido también la comparecencia de los responsables del IMSS y que se realice una auditoría completa de los programas de ayudas sociales municipales. El presidente de Vox en el Ayuntamiento Gonzalo de Oro Pulido ha calificado los hechos «de un escándalo gravísimo» y ha acusado al gobierno de Collboni de permitir un «error sistemático» en el control de fondos públicos.
UGT pide más sistemas de control
Fuentes de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Barcelona explican que, a raíz de este caso, han pedido al gobierno que refuerce los sistemas de control y supervisión en el momento de contratar trabajadores y cuando estos ya estén en su puesto de trabajo. También han expuesto que los servicios jurídicos municipales “persigan” el delito, también «para proteger al resto de la plantilla». Además, desde UGT se plantea que, en el conjunto de las administraciones públicas, se establezca más vigilancia a la hora de otorgar ayudas y mejorar su gestión interna.
