Sin solución de continuidad. La revuelta de buena parte de la militancia de la poderosa Federación de ERC en Barcelona ha sido aplacada por la Comisión de Garantías de la formación. El organismo ha emitido una resolución, de 19 páginas a la que ha tenido acceso Tot Barcelona, que ha rechazado la petición de suspensión cautelar de la convocatoria de primarias y congreso regional interpuesto por una treintena de militantes contra la gestión de la crisis de dirección, tras la dimisión de buena parte del politburó republicano barcelonés. De hecho, la resolución se ha acordado con la inhibición de Patrícia Gomà y de Pau Cruz, por su militancia en la Federación de la capital catalana que podría levantar sospechas de parcialidad.
El recurso presentado reclamaba la “suspensión inmediata del Congreso del día 13 de diciembre”. Un cónclave que debe ratificar la comisión electoral. Por otro lado, también piden la “suspensión de las primarias» para el cabeza de lista municipal que estaban programadas para el 27 de febrero. Asimismo, demandaban la anulación de los acuerdos tomados por la ejecutiva regional y la dirección provisional en forma de gestora desde la dimisión, “siempre que no sean los imprescindibles para cumplir el mandato y prioridad orgánica de resolver la crisis de legitimidad democrática”. De hecho, interpretaban que todas estas decisiones suponían «gobernar la Federación desde Calàbria», es decir, la sede nacional del partido. Aunque la resolución aplaca la petición de suspensión inmediata, mantiene la puerta abierta a estimar el recurso, pero sin mucha esperanza a la vista del argumentario utilizado para rechazar las medidas cautelares.
Todo desestimado
La resolución hace un repaso narrativo a la crisis barcelonesa tras la dimisión de ocho de los 13 miembros de la dirección. Una desbandada por discrepancias con la presidenta, Creu Camacho. Por un lado, entienden que es necesario interpretar la duplicidad de artículos en que basan la petición de suspensión. La conclusión de la comisión, presidida por Miquel Castellà, es que la gestora no se ha extralimitado en sus funciones porque es un órgano que «no se limita a administrar el día a día», sino que es «el instrumento destinado a garantizar que en situaciones de crisis, desgobierno o disfunciones graves, el partido pueda cumplir con sus deberes congresuales y electorales y reordenar su estructura territorial». De hecho, justifican esta situación en el informe que aprobó la ejecutiva nacional de los republicanos el pasado 25 de noviembre.
En todo caso, la comisión defiende que la suspensión de los acuerdos impugnados y, en particular, de la gestora, «generaría un riesgo real de parálisis institucional de la Federación de Barcelona en un contexto en el que es necesario adoptar decisiones relevantes en materia presupuestaria para el ejercicio 2026 y en el que el partido debe preparar su estrategia para las elecciones municipales de 2027″. «La gestora constituye, en este escenario, el mecanismo previsto para garantizar la gobernabilidad interna y la continuidad de la vida orgánica de la Federación; suspenderla cautelarmente implicaría, en la práctica, dejar el partido sin órgano de dirección territorial, situación no contemplada ni permitida por el marco normativo interno», asegura la resolución.
