Hace más de un año que el Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella, un equipamiento municipal nuevo, está cerrado a cal y canto. Costó unos 6,7 millones de euros, se inauguró en marzo del 2022 y se clausuró a finales de enero de 2023. ¿El motivo? La presencia de una sustancia tóxica, formaldehído, vinculada a los derivados de la madera del inmueble. Pues, 13 meses después, el Ayuntamiento no ha conseguido eliminar la toxicidad del edificio y, por lo tanto, no hay una fecha para la reapertura. Según la regidora del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, «los valores de concentración en el interior continúan siendo significativamente superiores a los que consideramos normales en el exterior. Todavía detectamos formaldehído en el interior, y la medida preventiva que nos toca hacer es el cierre». La edil de ERC y presidenta del distrito, Rosa Suriñach, reconoce que el equipamiento continúa «sin un calendario» para volver a funcionar. El edificio está situado en la Via Favència con la carretera de Ribes.
No se puede decir que el gobierno municipal no esté haciendo cosas para eliminar la sustancia tóxica, pero ha pasado un año y, de momento, no lo ha conseguido. En la audiencia pública de Sant Andreu del 30 de enero, la última vez que el ejecutivo de Jaume Collboni ha dado explicaciones, Villanueva enumeró la larga lista de tareas hechas, entre las que figuran la revisión de la documentación técnica del proyecto, así como verificar que se ha cumplido con la normativa europea. También se están llevando a cabo medidas correctoras, como el incremento de la temperatura y forzar la ventilación para favorecer la evaporación del formaldehído; se han pedido requerimientos informativos a los contratistas, y, el pasado enero, se extrajo madera del edificio para analizarla y se está consultando con expertos de fuera del Ayuntamiento sobre las medidas correctoras a aplicar.
A preguntas del TOT Barcelona, fuentes municipales dicen que se está a la espera de los resultados de los análisis de la madera y haciendo tareas de ventilación para llevar a cabo nuevas mediciones. Por otro lado, el Ayuntamiento no ha respondido cuál es el coste de mantener este inmueble -de cuatro plantas de unos 500 metros cuadrados cada una, con una superficie total construida de 2.000 m²- cerrado durante más de un año, o si el consistorio tenía previsto emprender acciones judiciales. Fuentes técnicas municipales recuerdan que, al tratarse de un edificio nuevo, hay unas garantías, y si hay defectos de construcción, el Ayuntamiento tiene que valorar si puede reclamar una responsabilidad patrimonial. Este medio ha pedido también al gobierno de Collboni hablar con algún cargo político para que diera explicaciones, sin obtener respuesta.
ERC pide recuperar todos los servicios que se hacían
El próximo martes, 12 de marzo, los republicanos llevan el tema a la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes en formato de ruego. En conversación con el TOT Barcelona, y más allá del estado del edificio, Suriñach muestra especial «preocupación» por los más de veinte servicios que se ofrecían en el equipamiento, algunos de ellos tan importantes como un servicio de acción comunitaria, los servicios sociales de la franja del Besòs, el punto de información y atención a la mujer, el servicio de dinamización juvenil, el servicio de atención a personas inmigrantes y refugiadas o el punto de atención del Plan de Barrios.
A lo largo de estos meses, el gobierno de Collboni siempre ha mantenido que los servicios continuaban abiertos en otros emplazamientos. En la audiencia pública de enero, Villanueva insistió en esta línea. «Desde el principio hemos reubicado estos servicios, algunos en el centro cívico. Los servicios continúan funcionando, pero no lo hacen en las condiciones mejores por un tema de espacio». En opinión de ERC, ahora están «descentralizados», se dispone de menos recursos para hacerlos y algunos de ellos son vía telefónica, explica Suriñach, por lo que plantean al gobierno que «mientras el Centro de Vida Comunitaria siga cerrado, se tomen las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios en iguales condiciones y periodicidad, así como recursos humanos y espacios que se llevaban a cabo antes de la clausura». La regidora recuerda que durante los 10 meses que el edificio funcionó, la demanda de estos servicios fue muy alta y asegura que la reivindicación que plantea su partido es la misma de la mesa vecinal de Trinitat Vella. Los residentes, añade, tienen localizados diferentes espacios en el barrio donde se podrían hacer estos servicios.
Tres casos de irritaciones
La noticia del cierre del edificio, diseñado por el despacho Haz Arquitectura, fue avanzada en primicia por el TOT el 2 de octubre. En todo momento, el Ayuntamiento ha dicho que la clausura fue preventiva y que los niveles de formaldehído siempre habían estado por debajo de los estándares, pero, al ser un centro de trabajo municipal, se había optado por mantenerlo cerrado hasta que fueran próximos a 0. Antes de que el equipamiento bajara la persiana, en enero de 2023, tres personas que trabajaban en el centro sufrieron irritaciones, uno de los síntomas que puede producir el contacto con el formaldehído. En casos de larga exposición, y casi siempre vinculada a la manipulación de la sustancia, puede dar lugar a algunos tipos de cáncer.
Críticas de partidos de la oposición
Desde otoño de 2023, diferentes grupos municipales se han pronunciado sobre este caso. Ernest Maragall, ahora expresidente de ERC en el Ayuntamiento, tildó el caso de negligencia en el proceso de construcción. Desde Trias per Barcelona, el regidor Josep Rius dijo que el cierre, que tuvo lugar con Barcelona en Comú gobernando el distrito de Sant Andreu, y las pocas explicaciones dadas, «generaba mucha desconfianza». Y el presidente del PP, Daniel Sirera, denunció el silencio del PSC y el hecho que no se hubiera detectado la sustancia antes.
El 28 de octubre del año pasado, el TOT desveló que el origen de la presencia del formaldehído estaba vinculada «con los materiales constructivos del edificio, concretamente la madera, según la información de la empresa constructora», decía una documentación municipal a la que tuvo acceso este medio. Con posterioridad, el 12 de noviembre, Jordi Gené, ingeniero y responsable de la madera del Centro de la Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), opinaba que la causa del formaldehído no era la madera en sí, sino los derivados o tratamientos hechos a la madera u otros elementos, como barnices y pinturas utilizados en la construcción. Según Gené, la forma de solucionar el problema era la ventilación, pero bajo su punto de vista era suficiente con unos 30 días.
