La sentencia del Tribunal Supremo que entierra definitivamente el dentista municipal de Ada Colau ha abierto un nuevo frente entre los comunes y el PSC. Así, mientras BComú reclama al gobierno municipal que mantenga y adapte el proyecto, el PSC pasa la pelota al otro lado de Sant Jaume e insta al Departamento de Salud a “desplegar la ley de salud bucodental”. De hecho, el Supremo ha dado la razón al Colegio de Odontólogos, que denunció una invasión de competencias del Ayuntamiento de Barcelona, y recuerda al consistorio que es la Generalitat quien tiene que asumir la iniciativa. Con todo, tanto BComú como fuentes municipales han precisado que la sentencia del Supremo solo afecta el dentista para la población general y que los servicios odontológicos para personas vulnerables funcionan con normalidad.
La exregidora de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa (BComú), impulsora del dentista municipal, ha pedido a Collboni que no abandone el proyecto y le ha recordado que antes de acabar el mandato lo dejaron todo atado para esquivar el conflicto de competencias. La idea de los comunes era que el dentista municipal operara desde el Hospital de Mar, un consorcio donde la Generalitat tiene el 60% de la gobernanza y el 40% restante corresponde al Ayuntamiento. Los comunes han recordado a Collboni que la iniciativa cuenta con un amplio apoyo. “Cómo ha pasado con el Peuat, la unión del tranvía, el Plan de Barrios o Consell de Cent, son todas políticas que en un inicio se plantearon como imposibles, pero que una vez desarrolladas la ciudadanía no quiere dar marcha atrás e incluso son referentes para otras ciudades y administraciones”.
El gobierno Collboni no tiene intención de recuperar el proyecto
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona explica que desde el año 2022 todos los tratamientos (excepto las prótesis) empezaron a formar parte de la cartera de servicios del Catsalut para la población vulnerable. Fuentes municipales se remiten a las palabras de la nueva consejera, Olga Pané, que se ha comprometido a ampliar la cartera de servicios a lo largo de la legislatura, primero para colectivos específicos y más adelante por otros grupos vulnerables. Pané no descarta que el criterio de renta sea el principal denominador. En cualquier caso, el gobierno municipal no menciona en ningún momento la recuperación del proyecto ni muestra ninguna intención para explorar alternativas.
El gobierno municipal considera suficiente el planteamiento actual de centrarse en la población más vulnerable. En 2018 se puso en marcha un servicio de dentista gratuito para personas de renta baja y en estos años ha hecho 70.000 visitas a casi 3.000 personas en cuatro consultas —los locales municipales de Viladomat y Torre Baró, la clínica dental Pere Claver, y la consulta de calle Bonaplata de Sant Joan de Déu—. También se mantiene el convenio con un centenar de clínicas de la Asociación Empresarial de Centros de Asistencia Dental para ofrecer tarifas sociales a diferentes colectivos vulnerables.
