La Audiencia de Barcelona confirma la aplicación de la ley de amnistía a los 46 policías españoles investigados por las cargas contra los votantes del referéndum de independencia del 1 de Octubre en la capital del país. Según la resolución, adelantada por El Nacional, el tribunal defiende que los agentes no tenían «la finalidad de castigar o humillar a los ciudadanos, sino impedir la celebración de la consulta«. Además, defienden que «las lesiones» a los votantes «no fueron tan graves«. Así, a pesar de que «la fuerza empleada fuera excesiva o desproporcionada», la Audiencia garantiza la aplicación de la amnistía, ya que las agresiones «no superan el umbral de gravedad» al cual hace referencia la norma para evitar el olvido penal.
El juzgado, de esta manera, contradice las consideraciones de las entidades independentistas, así como de la organización pro derechos humanos Irídia y una multitud de votantes afectados, que recurrieron la aplicación de la amnistía sobre los agentes españoles, dictada por el juzgado número 7 de Barcelona. A juicio de las organizaciones civiles, así como de los votantes agredidos, «la ley no puede beneficiar a los responsables de la brutalidad policial ejercida contra la ciudadanía, ya que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos«.
El independentismo prepara la oposición
En un comunicado, la Assemblea ha cuestionado el posicionamiento de la Audiencia, ya que «no responde a algunas de las cuestiones» que elevaba el recurso contra el olvido penal aplicado a los agentes policiales. Además, la lectura del juzgado, defienden desde la entidad independentista, interpreta la norma de manera «contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de prohibición de trato degradante o inhumano a las personas». Sobre estas consideraciones, la organización social ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo para evitar que los agentes investigados se puedan beneficiar de la norma. También lo hará Òmnium Cultural, que atribuye a las cargas contra los votantes del referéndum el carácter de «torturas o tratos inhumanos o degradantes». A juicio de la organización presidida por Xavier Antich, las agresiones «superan el umbral de gravedad» marcado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, los agentes deberían estar excluidos de la amnistía.
Celebración policial
Por su parte, el sindicato policial Jupol celebra el posicionamiento de la Audiencia de Barcelona, ya que «reafirma la legalidad y proporcionalidad de la actuación de los policías nacionales». Aunque la resolución reconoce que las cargas policiales del 1 de Octubre en Barcelona fueron «desproporcionadas», la organización reivindica «la honorabilidad y la inocencia de todos los policías» que formaron parte del dispositivo contra el referéndum. En un comunicado tras la sentencia, Jupol acusa a los partidos y entidades independentistas de llevar a cabo «una campaña de acoso y difamación» contra los agentes, y exige «dejar de criminalizar la labor policial».
