Los concejales de los Comunes Lucía Martín i Marc Serra declaran hoy ante el juez por la querella de el fondo Vauras, que ha denunciado Ada Colau y tres personas más –entre las cuales hay los dos concejales– por las sanciones que el Ayuntamiento le impuso en no ofrecer alquileres sociales a las familias del Bloc Llavors, edificio del barrio del Poble-sec. Barcelona en Comú y el resto de regidores del partido han apoyado a los dos declarantes y han lanzado un mensaje a quien consideran «depredadores inmobiliarios»: «Os haremos cumplir la ley».
Colau también tendrá que declarar
La líder de los Comunes también tendrá que sentar ante el juzgado. A pesar de todo, Colau se ha mostrado tranquila y convencida de que archivarán la causa, siguiendo los pasos de otras querellas que los han impuesto por este mismo motivo. La imagen de la alcaldesa sentada ante un juez quedará igualmente allá; el objetivo que busca Vauras, según Colau.
Las denuncias van más allá de personalidades políticas. Es más, el caso del Bloc Llavors ya ha llegado a la justicia y varios activistas que intentaron parar los desalojos ya han recibido multas. Según Alerta Solidaria, la previsión en mayo era que 67 personas fueran sancionadas con 600 euros cada una. Muchos de los denunciados durante el desalojo plantaron en el su día a la justicia y han denunciado en varias ocasiones una represión «gravísima» por parte de los Mossos d’Esquadra contra el movimiento en defensa de la vivienda.
Qué pasó?
La alcaldesa anunció la citación el pasado febrero, momento en que aprovechó para explicar con detalle cómo actuó el Ayuntamiento con el fondo buitre. «Para hacer cumplir la normativa requerimos a Vauras que, tal como establecía la ley catalana vigente entonces, si querían echar las familias se les tenía que ofrecer un alquiler social. Estamos hablando de mínimos», explicaba Colau poco antes de remarcar que Vauras «no lo respetó» y, por lo tanto, el ejecutivo impuso » las sanciones pertinentes».
