El gobierno de Jaume Collboni ha logrado tramitar las ordenanzas fiscales de 2025 sin las tensiones que provocó este trámite el año pasado. El PSC lo consigue ahora con el apoyo vigilante de Barcelona en Comú y ERC, que en la comisión de economía han mostrado sintonía con el gobierno a pesar de advertir que aún no hay nada decidido. La tramitación permite entrar en una segunda fase en la que los grupos deberán concretar su contenido, antes del plenario de diciembre. Es el margen que tiene el gobierno municipal para aprobar las ordenanzas.
Los votos de republicanos y comunes no son en todo caso definitivos, al menos, ese es el mensaje que han lanzado los grupos al gobierno. «No es confianza, no tiene asegurados los votos de Barcelona en Comú, dejar tramitar no es aprobar las ordenanzas. Damos un sí a la tramitación, pero queda mucho camino por hacer y muchos compromisos por cumplir», ha afirmado la portavoz y futura presidenta de BComú, Janet Sanz. «Insisto que en la palabra tramitación», ha señalado minutos después el concejal republicano Jordi Castellana.
Valls se abre a negociar las enmiendas de ERC y Comunes
En su turno de réplica, el responsable del área económica del gobierno, el teniente Jordi Valls, ha confrontado con la derecha y ha tendido la mano a los dos grupos que han permitido la tramitación. «Intento generar confianza», ha respondido el socialista, pensando sobre todo en las palabras de Janet Sanz. Más tenso con los Comunes que con ERC, Valls ha recordado que el ejecutivo ha llevado al consejo de administración de BSM, empresa gestora del Park Güell, la posibilidad de ampliar el costo de la entrada; los Comunes proponen doblarla. Sanz también ha pedido hablar de «decrecimiento turístico» y ha insistido en la necesidad de limitar las terminales de cruceros del Puerto, aumentar el IBI a los hoteles de lujo y regular los alquileres. Aunque con discrepancias, el PSC acepta hablar de todo ello. Aunque con matices: Valls ha pedido no ser rígidos con la subida del IBI a los hoteles más caros y encontrar un punto de consenso entre el 1,08% que plantea el PSC y el 1,3% que quieren los Comunes.
Por otro lado, Valls se ha mostrado partidario de beneficiar a los vecinos que tienen el sistema de recogida de residuos puerta a puerta, una de las peticiones de ERC para poder aprobar las ordenanzas en diciembre. «Lo podremos discutir», ha indicado el socialista. ERC también pide incrementar el recargo turístico a 8 euros, una medida por la cual Collboni tendrá que convencer al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que permita a los municipios ampliar el tope máximo que hay ahora, fijado en 4 euros por persona y noche. «Si no avanzamos en otros ámbitos de fiscalidad no podremos garantizar el voto favorable a la aprobación final», insiste Castellana.
Junts, PP y Vox se desmarcan
«No son nuestras ordenanzas». Así de simple resumía el sentido del voto de Junts el concejal Ramon Tremosa. Los juntaires han cargado contra unas ordenanzas que, bajo su punto de vista, «criminalizan el turismo» y no contemplan «una reducción de la presión fiscal». Sencillamente, Tremosa ha calificado las ordenanzas como el inicio de la «construcción de un tripartito que se va dando por fases». «No sé, hasta qué punto, esta fórmula errónea del pasado hará un mal servicio al gobierno en un futuro», ha afirmado para terminar, poco después de recordar que el año pasado Collboni aprobó con Junts, a pesar de perder las ordenanzas, la tasa de terrazas.
PP y Vox tampoco han aprobado la tramitación. La concejala popular Àngels Esteller ha calificado las ordenanzas de «muy mala noticia» y ha acusado al PSC de querer «hundir la economía» de la ciudad. Se ha quejado de los acuerdos del gobierno con los Comunes. «No paran, cada día le reclaman más». También lo ha acusado de permitir una presión fiscal que «asfixia a las clases medias» y ha cuestionado «si hay más acuerdos bajo la manga» con el grupo de Ada Colau. Vox ha acusado al PSC de solo querer «prohibir, multar y subir impuestos».
La negativa de Junts, PP y Vox, dejan a Collboni con solo un camino posible para la aprobación definitiva de las ordenanzas; un camino que los socialistas emprenderán de la mano de ERC y BComú si no hay un giro de 180 grados que, a estas alturas, no se visualiza en Sant Jaume. «A Junts y PP: nosotros no criminalizamos a nadie», ha afirmado Valls durante la comisión después de que lo hayan acusado de criminalizar a los turistas. Valls ha entrado en el cuerpo a cuerpo con la derecha, especialmente con un PP a quien ha recordado que algunas ciudades en manos populares tienen tasas más altas que Barcelona.
