Los comunes quieren que la Comisión del Congreso que tiene que investigar posibles casos de ‘lawfare’ en España también tenga en cuenta las querellas que se han puesto contra Ada Colau y Barcelona en Comú en los últimos años. «En esta comisión estaría bien que el que ha pasado en Barcelona y han sufrido los comunes, con dieciséis querellas, también formara parte de la investigación de ‘lawfare’ en España», ha dicho David Cid, portavoz del partido en el Parlamento, en una entrevista en Catalunya Informació recogida por la ACN.
El diputado cree que «la decimosexta querella archivada» demuestra que ha habido una persecución de Colau y que los diferentes juicios formaban parte «de una estrategia reiterada de lobbies económicos y determinados sectores políticos» para echarlos de las instituciones. Eso sí, Cid ha celebrado que, como mínimo, algunos jueces «se han dado cuenta». Respecto a los casos impulsados por las cloacas del Estado, que a priori tendrían que entrar en el orden del día de esta comisión, Cid ha dejado claro que «es evidente» que el independentismo ha sufrido ‘lawfare’ como una estrategia de la derecha política y judicial «para condicionar la política a escala estatal».
Los litigios contra el Ayuntamiento se doblaron con Ada Colau
El partido de Ada Colau se ha tenido que enfrentar a más de una decena de juicios estos últimos años, una situación que aumenta si ampliamos la mirada en todo el Ayuntamiento. Tal como explicó el TOT Barcelona, desde el 2015 el consistorio ha afrontado 1.800 contenciosos–administrativos de media cada año. Una cifra de litigios judiciales que dobla la que se registró entre el 2011 y el 2015 bajo el mandato de Xavier Trias, cuando la media de litigios era de 900 por año. Una diferencia que los comunes vinculan a la batalla ideológica que había contra la alcaldesa.
Ahora bien, no todos los partidos comparte la visión de Barcelona en Comú. Los comunes ven intereses de lobbies detrás de los litigios, pero el partido del alcalde que los precedió, TriasxBCN, ve gente «que pueden sentir sus derechos vulnerados». En este mismo reportaje, los de Trias aseguraban que esta cifra de litigios es fruto de una manera de hacer de Colau «sectaria» que no apostaba por el consenso.
