El nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tiene la intención de endurecer la Ordenanza de Civismo y de incrementar el importe de las multas, especialmente para frenar la suciedad y los botellones. Pero para revisar la normativa, el PSC necesitará el acuerdo mayoritario del plenario. Según Collboni, este otoño presentará una propuesta al resto de fuerzas políticas.
El PSC, que de momento gobierna el Ayuntamiento en solitario, podría tener suficiente con un acuerdo con el partido de Xavier Trias. Ambas formaciones suman la mayoría del pleno, 21 de los 41 regidores. En varias ocasiones, JxCat se ha pronunciado a favor de ser más contundente en la hora de sancionar los comportamientos incívicos. De hecho, la antigua CiU ya votó a finales de 2005 la primera ordenanza impulsada por el gobierno socialista de Joan Clos. Con todo, Collboni buscará el máximo consenso para revisar una de las normas municipales más polémicas.
Dicho de otro modo, uno de los escenarios posibles que se pueden dibujar en otoño, cuando el gobierno haga una propuesta de revisión, es que socialistas y Comuns vuelvan a gobernar juntos, pero el alcalde del PSC tenga que mirar hacia otro lado si quiere endurecer la ordenanza, porque el partido de Ada Colau siempre ha estado en el campo contrario. Según Collboni, “las normas están para cumplirlas” y “la lucha contra el incivismo será una de las prioridades del mandato”, con más presencia de agentes en la calle, más coordinación entre los cuerpos y la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia por Ciutat Vella.
Fuentes del PSC remiten a este medio a las palabras que el alcalde ha dicho este último mes y durante la campaña. Reconocen que, de momento, no ha habido contactos con los grupos para tratar este tema y que la revisión de la norma se llevará desde la tenencia de alcaldía de Seguridad y Prevención. Y añaden que más allá de establecer un nuevo régimen de sanciones, hay que poner la ordenanza en el día para recoger aspectos que hace 17 años no existían, como la proliferación de patinetes eléctricos.
Trias llevaba la reforma de la normativa en el programa electoral
A falta de concretar la letra pequeña, parece que PSC y Trias per Barcelona se podrían entender. El regidor y número tres de Trias por Barcelona, Jordi Martí Galbis, considera en conversación con este diario que esta normativa es “una buena herramienta” para luchar contra el incivismo, pero opina que hay que cambiarla. “Es un tema que llevábamos al programa electoral. El que esperamos es que el gobierno de Collboni nos convoque y podamos hablar. Hay que buscar un amplio consenso de ciudad. Hace falta una nueva ordenanza, que no solo incremente algunas multas, que también hay que hacerlo, sino que también la ponga al día. No estamos viviendo en la ciudad del 2005. Barcelona ha cambiado. Hay nuevos fenómenos y nuevas situaciones. Hay estrategias que se tienen que cambiar y es bueno que las consensuemos”, argumenta.
La Ordenanza de Civismo que propone Trias per Barcelona no puede ser solo para cuatro años. «Tiene que durar más de un mandato, más de dos y más de tres”, subraya Martí Galbis, que reitera que su partido se pone a disposición del PSC “para hacer las reformas que convenga” para que sea “un instrumento eficaz y mejore el civismo”. Martí Galbis ha querido dejar claro que la lucha contra la inseguridad requiere otras herramientas y recursos, y no la citada normativa, si bien reconoce que a veces inseguridad e incivismo van de la mano.
Los Comuns, en las antípodas de Trias
A los antípodas del partido de Trias hay los Comunes. Durante su primer mandato, entre los años 2015 y 2019, Coláis intentó una rebaja, pero no se salió. La primera rueda de prensa que hizo la alcaldesa entrando el junio de 2015 estuvo en la sede de la Síndica de Agravios, Maria Assumpció Vilà, y en aquel encuentro con los medios dijo que reduciría las multas de la Ordenanza de Civismo por desproporcionadas y porque criminalizaban la pobreza. Durante aquel mandato, el teniente de alcaldía Jaume Asens intentó llegar a un consenso con el resto de grupos para hacer una ordenanza más tibia, pero las negociaciones acabaron en vía muerta ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Ahora, la regidora Janet Sanz dice que Collboni se tiene que aclarar sobre qué modelo de ciudad quiere y que ellos siguen defendiendo un tripartito de izquierdas en el Ayuntamiento. En términos generales, indica que le preocupa que los socialistas puedan llegar a un pacto con la derecha, y más concretamente con JuntsxCat. Uno de estos acuerdos podría ser por la citada ordenanza.
Sobre la normativa que Collboni quiere revisar al alza, Sanz apunta que su partido quiere saber cuál es el planteamiento del nuevo gobierno con relación a determinadas situaciones de incivismo vinculadas al turismo, los pisos turísticos, los cruceros y las inspecciones de terrazas. Pero no aclara qué votarán ante la propuesta de Collboni de endurecer la Ordenanza. “Uno de los principales problemas que tenemos es la masificación turística. Así lo percibe la ciudadanía. Con el nuevo alcalde vemos gestión, y a veces muy discreta. No vemos políticas ni un alcalde ejerciendo un liderazgo”, dice el extitutar de Ecología Urbana y Urbanismo.
Poner el foco en la masificación turística
Según Sanz, hay muchos barrios masificados por el turismo e insiste en el hecho que hay que tener claras las políticas a aplicar. “Podemos poner más papeleras en Ciutat Vella, pero no podemos vaciarlas más veces del que lo hacíamos. El problema es como se gestiona la afluencia de esta gente. Todas estas políticas tienen que ver con la gestión del espacio público y tienen un impacto en el descanso del vecindario”. Y pose como ejemplo, el plan de usos aprobado al Eixample. “Era necesario para limitar la proliferación de bares y restaurantes en zonas masificadas”, dice después de recordar el “mucho sudor” que costó que los socialistas acabaran apoyando.
Desde ERC, la regidora Elisenda Alamany valora que el hecho que Collboni quiera revisar la gestión de la seguridad tiene un punto cómico. “Su partido ha gestionado ocho años la seguridad en Barcelona. Dicho esto, seguro que la ciudad necesita modernizar sus herramientas para garantizar el bienestar y la protección del vecindario, cosa que se ha ninguneado en estos años. En Esquerra estamos abiertos a renovar instrumentos desde una perspectiva progresista y no solo con más policía y más sanciones. Habrá que ver la concreción más allá de los anuncios”, dice en declaraciones al TODO.
Durante la campaña electoral, los republicanos plantearon incrementar el número de agentes cívicos en la ciudad -con la idea que se encargaran de acompañar con información y concienciación sobre comportamientos incívicos y de suciedad en la ciudad- y hacer una campaña de difusión de gran alcance para mejorar las actitudes y las conductas de parte de la ciudadanía. “Una ciudad limpia, invita al respeto por el espacio público. En cambio, la suciedad, el caos, llaman al caos”, apuntan desde ERC.
“Si ensucias, hace falta que limpies”
En aquel momento, la formación encabezada por Ernest Maragall decía que quería revisar el “régimen sancionador para garantizar que se aplican las sanciones por conductas incívicas con el bien común y ampliar el catálogo de medidas alternativas a la sanción, como servicios en la comunidad. Si ensucias, hace falta que limpies. Si peines un grafito a un palacio protegido, al final hace falta que te impliques y lo borres”.
Las sanciones leves pueden ser de hasta 750 €, si son graves hasta 1.500 € y muy graves para malograr edificios catalogados o bienes patrimoniales hasta 3.000 €. Esto es el que marca la actual Ordenanza de Civismo del Ayuntamiento de Barcelona. “En casos de reincidencia apostamos para aplicar la franja alta, siempre ofreciendo la opción de medidas alternativas a la sanción porque creemos en la justicia reparadora”, sostienen los republicanos. Hace pocos días, el TODO Barcelona denunciaba las pintadas aparecidas a la escultura
Necesidad de cobrar las multas, según el PP
Desde las filas del PP, el presidente del grupo, Daniel Sirera, opina que además de endurecer las penas, el que hace falta y que voz como más necesario “es que las sanciones que se impongan se hagan efectivas y se cobren”. Para el PP, Barcelona necesita una ordenanza que “sea eficaz y sin ambigüedades». “Hay que modificar la norma para que sea útil, y contar con los medios humanos e instrumentos jurídicos que permitan hacerla efectiva, con un régimen de sanciones que disuada a la gente de incumplirla”.
Durante el 2021, el gobierno municipal interpuso unas 55.000 multas para vulnerar la Ordenanza de Civismo en la ciudad. Cerca de 25.000 fueron por consumo de alcohol en la calle; la venta ambulante irregular generó otros 20.000, y el ruido, unas 8.900. El 2022, se impusieron más de 73.000 sanciones, la mayoría por parte de la Guardia Urbana.
El gran problema de la aplicación de la ordenanza es que numerosas sanciones no se cobran. Según el PP, entre enero y abril de este 2023, el 85% de las sanciones por infracciones de ordenanzas (el 90% es por infracción de la Ordenanza de Civismo) no se han cobrado, el que representa unos 10,9 millones de euros. El 2022 quedaron pendientes de cobro 19,1 millones. “Proponemos incrementar los recursos humanos y materiales para prevenir y actuar ante las conductas incívicas, tanto de barceloneses como de turistas, con más agentes cívicos y Guardia Urbana en la calle, especialmente en épocas de máxima actividad turística, así como en los alrededores de los locales de ocio y también en horario nocturno”, destaca Sirera.
CSIF critica que Collboni no habla de seguridad
Más allá de los grupos municipales, desde el sindicato CSIF, mayoritario a la Guardia Urbana, el secretario de Organización y policía Eugenio Zambrano, recuerda que el mandato pasado el PSC ya encabezaba el área de Seguridad y Convivencia en Barcelona. “Durante la campaña electoral de las municipales parecía que todo iba muy bien. No había ningún problema en estos ámbitos. Ahora, ya como alcalde, Collboni dice que quiere recuperar la ciudad. Y esto se tiene que entender porque alguien ha hecho una mala gestión. Y no han sido otros que ellos”.
Según Zambrano, Collboni habla de incivismo y limpieza, pero no de seguridad. “El alcalde solo habla de incivismo y limpieza porque son las competencias municipales. De la seguridad no dice nada. La quiere minimizar. Se excusa en que es cosa de la Generalitat y los Mossos. La seguridad es por los políticos, como una partida de ping-pong en la plaza de San Jaime, donde unos y otros se pasan la pelota y las raquetas son la policía. La ciudadanía vuelve a ver esta demagogia con mucho de estupor, igual que la misma policía y CSiF”.
Negativa a reunirse
El sindicato detalla que han hecho llegar al nuevo alcalde un documento con la problemática que tiene la ciudad “y dónde ponemos sobre la mesa la necesidad que haya un pacto local de seguridad donde también se tenga en cuenta a los actores sociales y a la sociedad civil”. “Le hemos pedido una reunión, pero en la respuesta nos dice que no se puede encontrar con nosotros y que deriva la petición al área de Seguridad, que lidera Albert Batlle”.
“Con esta decisión el que hace Collboni “es tenernos delante, como nos tuvo ocho años Colau. No nos quiere tener al lado. Es una falta de respecto a los trabajadores públicos y al sindicato mayoritario de la Guardia Urbana. Nosotros seguiremos defendiendo los servicios públicos con dignidad y pidiendo una mejora de las condiciones de trabajo, también a la Guardia Urbana. En Barcelona se ha perdido el principio de autoridad por culpa de Colau y Collboni”, un hecho que explica, en parte, los problemas de seguridad que tiene la ciudad y el incremento de incivismo.
Más de 17 años de Ordenanza
La Ordenanza de Civismo tiene más de 17 años. Se aprobó a finales de 2005 con Clos como alcalde y entró en funcionamiento el 2006. La normativa supuso desde un inicio un enfrentamiento entre el PSC e iCV, que entonces gobernaban la ciudad con ERC. Imma Mayol, presidenta de ICV, denunció que se quería criminalizar la pobreza. El texto salió adelante con los votos de los socialistas, la antigua CiU (liderada por Trias) y ERC. ICV votó en contra y el PP d’Alberto Fernández Díaz se abstuvo porque la encontraba blanda.
Desde un inicio, la ordenanza estuvo rodeada de polémicas, por ejemplo por las multas a personas sin hogar. Este hecho supuso un fuerte conflicto en 2012 entre el alcalde Trias y la síndica de agravios de Barcelona, que siempre consideró esta ordenanza muy fuera de lugar en cuanto a la persecución de los colectivos más vulnerables. El actual síndico David Bondia no ha querido valorar la intención de Collboni hasta que haya una propuesta concreta, han indicado fuentes de la Sindicatura.
Multas a personas sin hogar
En una comisión municipal de comienzos de 2012, el Ayuntamiento reconoció que el 2011 se multaron en la ciudad a 800 personas para dormir en la calle. El problema siguió en años posteriores, incluso durante la pandemia, denunció el presidente de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. Precisamente, esta entidad negociaba con el Ayuntamiento el septiembre de 2022 la retirada de unos 42.000 euros en multas a dos personas sin hogar por infracciones de la ordenanza que iban desde orinar en la calle, dormir, consumir alcohol, gritar o ensuciar el espacio público o deteriorar el mobiliario urbano. Las sanciones se acumulaban desde 2010 a 2015, avanzó el TOT Barcelona. Finalmente, el consistorio renunció a cobrarlas.
A lo largo del mandato de Trias como alcalde, la ordenanza se endureció dos veces. Por un lado, el 2011, PSC y CiU se pusieron de acuerdo para multar el nudismo y el seminudismo. Hubo mucha polémica en la ciudad y la Guardia Urbana llegó a sancionar cada dos días a una persona por este incumplimiento. El caso llegó al Tribunal Supremo, que avaló la prohibición de ir desnudo por la ciudad, pero no el hecho de ir semidesnudo. Ahora casi no se ponen multas por nudismo. Al nudismo siguió, un año después, la prohibición de la prostitución en la calle. Con este tema, Trias lo pactó con el PP de Fernández Díaz. Se multaron a prostitutas y clientes y el endurecimiento supuso un nuevo conflicto entre la Sindicatura y el gobierno de Trias. Villano acusó el entonces alcalde de querer “invisibilizar la prostitución sin analizar a fondo un problema muy complejo con numerosos dramas humanos”.
Además de ir semidesnudo, la Justicia ha tumbado otros artículos de la norma, como que se pueda aplicar a menores y el hecho que los padres de estos sean también responsables de las infracciones cometidas por sus hijos.
