El gobierno del PSC en Barcelona es el más minoritario de la historia de la capital, donde los socialistas habían reinado históricamente con mayorías solventes. Pero con solo 10 de los 41 concejales, el alcalde Jaume Collboni ha conseguido, desde el minuto cero, gobernar con comodidad jugando la dificilísima carta de la aritmética variable. Lo hizo el mismo día de la investidura, el 17 de junio de 2023, recogiendo el bastón de alcalde con el apoyo simultáneo hasta entonces nunca visto del PP y los Comuns, gracias a un pacto gestado en los despachos de Madrid -con intervención del PSC- para fulminar a un alcalde abiertamente independentista en la capital del país. Lo ha hecho también con la aprobación de dos ordenanzas fiscales con el sí de las formaciones de izquierdas, una normativa claramente ideológica que le permite exhibir el perfil más a la izquierda del PSC, por ejemplo, con el acuerdo con ERC para encarecer al máximo la tasa turística.
Y ahora, ha conseguido desbloquear la modificación de una ordenanza de civismo que el mismo PSC impulsó hace veinte años, y lo hace con los votos tanto de Junts como de ERC. El resultado es una normativa con un ADN mucho más conservador que progresista. Y curiosamente, se aprobará en el pleno del 19 de diciembre con el no de Barcelona en Comú y probablemente también el no del PP, socios de investidura de Collboni. Eso sí, con argumentos opuestos. Para los populares, el texto final de la norma es “sesgado y tiene lagunas» y es «una amnistía encubierta al incivismo”. Y para Barcelona en Comú, Collboni «ha caído en la trampa de la derecha», señala “a los más vulnerables” y endurece las sanciones.
La ordenanza, fotografía política como hace veinte años
La votación que ganará en el plenario el alcalde Jaume Collboni es muy significativa políticamente. Certifica su habilidad política para arrastrar a su terreno de juego a dos partidos de la oposición que, de hecho, debían gobernar juntos en 2023 si no fuera por el frente españolista que entronizó al líder del PSC. La aritmética variable dibuja un alcalde, y candidato en 2027, con capacidad de construir grandes acuerdos de mandato a ambos lados, de sostener unas ordenanzas fiscales con una marca claramente de izquierdas, y a la vez, una ordenanza cívica de corte mucho más conservador.
Una aritmética variable que también le sirvió hace veinte años a otro alcalde socialista, Joan Clos. La primera Ordenanza de Civismo de Barcelona fue aprobada formalmente en el año 2005 con el objetivo de regular la convivencia y los usos del espacio público en la ciudad. Su nombre oficial era Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona. Esta normativa buscaba convertir el espacio público en un lugar de civismo y respeto, protegiendo derechos pero también estableciendo deberes y sanciones por conductas incívicas como ruido, suciedad, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, ocupaciones indebidas o venta ambulante ilegal. Aquel gobierno municipal tuvo el apoyo de ERC y CiU, mientras que el PP se abstuvo e ICV–EUiA votó en contra, a pesar de que era socio de gobierno del PSC.
La prostitución en la calle, la única gran modificación
La única gran modificación de la ordenanza tuvo lugar bajo el mandato de Xavier Trias (CiU), que fue alcalde de Barcelona entre 2011 y 2015. En el año 2012 se aprobó una modificación de la ordenanza que prohibía la prostitución en la calle sin aviso previo y sancionaba tanto a las prostitutas como a los clientes con multas directas, eliminando en la práctica el sistema de aviso previo que existía hasta entonces. Esto generó un debate intenso, porque muchas de las sanciones impuestas inicialmente recayeron sobre personas prostituidas y no sobre los clientes. Aquella modificación de 2012 contó con el voto a favor del PP y CiU, mientras que el resto de grupos votaron en contra. La modificación, aprobada con 23 concejales (14 de CiU y 9 del PP) fue fuertemente criticada por parte de los grupos de izquierda y asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Durante los mandatos de Ada Colau y Barcelona en Comú, el ejecutivo intentó modificar y flexibilizar partes de la ordenanza para que no “criminalizara” la pobreza o conductas minoritarias, incluido el enfoque sobre prostitutas y personas sin hogar. Propuso rebajar multas o ajustar criterios sancionadores para hacer la norma menos punitiva. Pero no lograron aprobar estas reformas en el pleno por falta de acuerdo con el resto de grupos políticos del consistorio.
El primer gran pacto entre Junts y PSC
Sea como sea, esta reforma de la ordenanza de civismo significa el primer gran pacto entre Junts y el PSC desde que Xavier Trias dejó el acta de concejal y puso en manos de Jordi Martí Galbis la dirección del grupo municipal. Con Trias al frente, el partido ganador de las elecciones había mantenido conversaciones con el PSC para una hipotética incorporación al ejecutivo -si bien Junts nunca quiso oficializar esta posibilidad-, pero Collboni no ha contado con los votos favorables de los concejales independentistas ni en presupuestos ni en ordenanzas fiscales. Y si bien ambos partidos han llegado a acuerdos en plenos de distritos y en plenos municipales, no ha sido hasta ahora que se ha visualizado un gran acuerdo -no exento de discrepancias internas dentro del grupo del partido del presidente Puigdemont- en una materia con tanta carga ideológica como lo es la ordenanza de civismo. Un acuerdo con el PSC que ha liderado el mismo Martí Galbis, y que llega en plena turbulencia interna del partido para decidir quién será cabeza de lista en 2027 y disputará la alcaldía a Jaume Collboni.
En cuanto a ERC, este movimiento les permite exhibir que los republicanos no se cierran en un bloque de izquierdas clásico y que pueden negociar desde la centralidad, aprovechando el hecho de que Barcelona es ahora un espacio de geometría variable. La pieza que puede inclinar mayorías, aunque sea el grupo municipal de menos peso en la negociación. Con este sí, el ERC de Elisenda Alamany vuelve a situarse en el mapa en una de las carpetas más sensibles de la ciudad, al tiempo que demuestra capacidad para condicionar a Collboni en un mandato donde el PSC tenía opciones de hacer mayoría con Junts sin contar con los republicanos. Ahora bien, hay peligros: quedar diluidos entre dos bloques, PSC y Junts, y no sacar ningún rédito político.
