El alcalde Jaume Collboni certificará en los próximos días su primer gran acuerdo por mayoría del mandato. El PSC sumará los votos de Junts y ERC en la revisión de la ordenanza de civismo y consigue por primera vez superar el umbral de los 20 concejales en una cuestión troncal del ámbito municipal. El texto no tendrá el aval de los Comunes, que acusan a Collboni de “caer en la trampa de la derecha”, ni de Vox, que ha quedado fuera de la negociación. Queda pendiente saber qué vota el PP, que se abstuvo en la aprobación inicial, pero mantiene que tampoco ha habido negociación posterior. El acuerdo se validará muy probablemente en el plenario de diciembre y la nueva ordenanza entrará en vigor antes de las próximas elecciones.
Al voto favorable de Junts anunciado esta mañana se suma el de Esquerra Republicana, que ya había dejado entrever el domingo que aprobarían el nuevo redactado. Ambos partidos mantienen que el ejecutivo ha aprobado “todas las alegaciones” que han presentado en las últimas semanas y dan alas al gobierno socialista, que diluye algunos de los fracasos anteriores. Hasta ahora, Collboni se había visto incapaz de acordar los presupuestos con ningún grupo que no fuera ERC –se han aprobado por cuestión de confianza o se han prorrogado–, tampoco los cambios en la medida del 30% obligatoria para vivienda protegida o el uso de pistolas Taser por parte de los mandos antidisturbios de la Urbana.
En una comparecencia este martes, el presidente del grupo municipal juntaire, Jordi Martí Galbis, ha vuelto a criticar el “seguidismo” de Collboni de las políticas de seguridad ciudadana impulsadas por Ada Colau, pero ha avalado un texto que “lleva el sello de Junts”. La formación independentista ha pactado un calendario para hacer efectiva la ordenanza “en un año” máximo y también crea una unidad administrativa para aprobar los expedientes sancionadores. La ordenanza, que tendrá el catalán como lengua “preferente” de las actuaciones policiales, también aumenta algunas sanciones; sobre todo en botellones, venta ambulante, grafitis y agresiones sexuales. El gobierno también incorporará cien agentes de la Guardia Urbana, tal como pedía ERC.
Tanto Junts como ERC han dado finalmente por buena la respuesta que les ha dado el gobierno sobre la posibilidad de anotar los antecedentes en los informes de arraigo, un aspecto que enfrenta a las dos fuerzas independentistas y que Junts había puesto sobre la mesa de la negociación. Los juntaires han retirado finalmente esta petición, entendiendo que hay un cambio normativo en el año 2024 en el Estado que elimina la competencia del ámbito municipal y ha pedido a Collboni que presione a Madrid para que lo haga posible. Sea como sea, el texto de la ordenanza no dirá nada al respecto y ERC votará a favor. El republicano Jordi Coronas ha dicho que ha quedado “muy claro” que se desvincula de la ordenanza cualquier aspecto que pueda ser “discriminatorio” en los informes de arraigo. Poco antes, Martí Galbis ha descrito la petición de ERC como un “ejercicio de gesticulación”.
Los Comunes acusan a Collboni de entrar en “terreno pantanoso”
Collboni sacará adelante el texto sin el visto bueno de los Comunes, en este caso intrascendentes. El concejal Marc Serra ha criticado lo que considera un “endurecimiento” de la ordenanza, “una de las más punitivas de todo el Estado”. La formación de Janet Sanz, que el mandato pasado gobernaban la ciudad con el PSC, ha cuestionado que se insista en una fórmula “que ha fracasado” y ha acusado al gobierno socialista de entrar en la “trampa de la derecha”.
Los Comunes, que en la etapa de Ada Colau al frente del Ayuntamiento intentaron sin éxito flexibilizar la ordenanza, aseguran que el ejecutivo ha rechazado el 80% de sus alegaciones y que, por tanto, no ha habido margen para la negociación. Serra cuestiona que se apueste por subir el precio de las multas “sin que haya alternativas” y ha puesto de ejemplo los baños públicos; ha recordado que todos los grupos menos el PSC y el PP votaron a favor de instalar 150 baños públicos en Barcelona en una comisión de julio, pero que el gobierno “no los ha aceptado” en el marco de la ordenanza. Serra también ha criticado el marco negociador de Junts y el PSC, argumentando que Junts “ha conseguido que se hable de multirreincidencia en la ordenanza de civismo cuando la mayoría de reincidentes duermen en la calle o se dedican a la venta ambulante”. En este sentido, asegura que Collboni ha entrado en “terreno pantanoso” y que con este texto señala “a los más vulnerables”.
El Partido Popular y Vox, también insignificantes una vez constatado el apoyo de Junts, tampoco validarán la propuesta de Jaume Collboni. Para los populares, la normativa es un “fósil” y siempre han defendido la necesidad de que se garantice el cobro de las sanciones, pero el ejecutivo tampoco ha entrado a negociar con ellos, han apuntado desde el partido estas últimas horas. El partido, que se debate ahora entre el voto contrario o la abstención, anunciará en las próximas horas su decisión.
