No ha habido sorpresa. Tal como sucedió la semana pasada en comisión municipal, el gobierno municipal, Junts per Barcelona y ERC han votado a favor de la nueva Ordenanza de Civismo. Barcelona en Comú y Vox se han opuesto y el PP se ha abstenido. El nuevo texto se ha aprobado 20 años después de que, por primera vez y de manera pionera, el consistorio barcelonés sacara adelante la normativa.
En su intervención, el teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, ha dicho que la ordenanza de 2005 ha quedado «obsoleta». Para Batlle, la normativa supone un incremento de las sanciones, y también de los supuestos de infracciones, y busca mejorar el cobro, ya que ahora un número importante de las sanciones no se pagan (sobre todo por parte de turistas). «El objetivo no es poner más sanciones sino mejorar la convivencia en el espacio público de la ciudad». La ordenanza también pone el énfasis en las medidas alternativas y en la protección de los colectivos más vulnerables, en opinión de Batlle.
La réplica final la ha hecho Jaume Collboni. «Actualizar la ordenanza era una responsabilidad. Defendemos a los vecinos frente al incivismo». El alcalde ha defendido que la nueva ordenanza es «progresista» porque «protege a quien más sufre el incivismo». Ha reivindicado que las sanciones «no son incompatibles» con las políticas sociales y ha destacado el «consenso» en la actualización tras el acuerdo con Junts y ERC. «La convivencia no depende de un solo color político». Collboni ha subrayado que uno de los objetivos es buscar el cobro inmediato de las sanciones a los turistas.
Con Colau se perdió el control de las calles, asegura Junts
El texto sigue adelante sobre todo gracias al voto de Junts. El presidente de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, ha remarcado que hay que dejar atrás el fracaso de la normativa de 2005 y garantizar el cobro de las multas. Los años 2023 y 2024 solo se pagaron solo el 16%, ha asegurado el concejal. «Estamos ante un instrumento útil para mejorar la convivencia». Martí Galbis ha llegado a decir que durante los mandatos de Ada Colau se perdió el control de las calles.
Collboni ha discrepado de las cifras de cobro que ha dado Martí Galbis y ha afirmado que en 2023 se cobraron más del 58% de las multas, mientras que el año pasado fueron un 52%.
La nueva Ordenanza de Civismo perseguirá más las botelladas, con un agravante si hay menores (entre 1.500 y 3.000 euros), y la incorporación del veto de las “rutas etílicas”. También se castigará más hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.
El texto normativo incorpora también nuevas conductas prohibidas, algunas de las cuales son los actos incómodos y degradantes contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público (exhibicionismo o masturbaciones) y todo aquello que atente contra la dignidad de las personas. En los casos de ruido, será un agravante el hecho de que las molestias tengan lugar en zonas tensionadas acústicamente. Y los propietarios de perros estarán obligados a diluir con agua las micciones de los animales. Si no lo hacen, se enfrentarán a una sanción de hasta 300 euros.
«No funcionará», dicen los Comunes
El partido más crítico con la nueva ordenanza ha sido Barcelona en Comú. El concejal Marc Serra ha subrayado que las multas suben y las bonificaciones bajan. «No funcionará». Los Comunes son más partidarios de la acción preventiva más que de las sanciones. «Hacer un pipí en un parque de la ciudad podrá ser sancionado con 1.500 euros, pero son espacios donde no hay baños», ha denunciado Serrat. Los Comunes han presentado más de 50 alegaciones al texto.
Desde ERC, el concejal Jordi Coronas ha subrayado que la ordenanza no puede ser solo una herramienta punitiva sino que se necesita una mirada social e inclusiva, con más medidas alternativas y poniendo el foco en la mediación. «Quien no tiene nada, no se le puede embargar». «La ordenanza que aprobamos será mejor que la que teníamos».
El PP pide que los agentes cívicos puedan sancionar
El PP considera que ya hacía tiempo que pedían que se subieran las sanciones, pero a juicio de Daniel Sirera, el presidente de los populares en el Ayuntamiento, es la única medida eficiente de la normativa. «Necesitamos autoridad. ¿De qué sirve poner más sanciones si no se pagan las multas?». Según el PP, el texto no incorpora ningún elemento que garantice el cobro. Sirera también ha propuesto cambiar la regulación autonómica y que los agentes cívicos puedan sancionar. Collboni ha asegurado que estudiará la idea de los populares.
