El gobierno de Jaume Collboni no hará más ejes verdes como los de Ada Colau por el elevado coste de mantenimiento. Según el Ayuntamiento, el mantenimiento cuesta mucho más que en otras calles, por ejemplo, si se comparan Consell de Cent, donde hay un eje verde, y Diputació. La teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ha reconocido que tendrán que hacer ajustes y opina que, si bien el objetivo del ejecutivo socialista, es hacer más pacificaciones, el modelo de los Comunes no es el adecuado. «Necesitamos un modelo que sea reproducible en toda la ciudad».
Según ha avanzado
Problemas de convivencia
Los ejes verdes de Consell de Cent, Girona, Comte de Borrell y Girona costaron alrededor de 53 millones de euros y se ejecutaron en un tiempo récord para que estuvieran listos para las elecciones de 2023. Ahora, el gobierno de Collboni, considera que es un modelo que genera problemas de convivencia, entre peatones y vehículos, y en la carga y descarga de mercancías, y no tiene una repercusión en la mejora de los niveles de contaminación en el conjunto de la ciudad. De todos modos, el principal inconveniente es el económico, por lo caro que es el mantenimiento de la vegetación y de la vía pública y las reparaciones que se tienen que hacer en el mobiliario urbano y otros elementos.
Otra controversia de los ejes verdes de Colau han sido las dos sentencias judiciales que han concluido que las pacificaciones de Consell de Cent y de Comte de Borrell son ilegales. Tanto en Consell de Cent como, más recientemente, en Comte de Borrell, una jueza ha dictaminado que las reformas se tramitaron como una obra ordinaria cuando se tendría que haber hecho una modificación del Plan General Metropolitano (PGM). En los dos casos, la magistrada dijo que las obras se tenían que revertir y volver a dejar la calle como estaba antes, pero las sentencias no se aplicarán. En Consell de Cent fue la misma jueza quien planteó una mediación y en Comte de Borrell, los denunciantes (los ejes comerciales de Barcelona Abierta) no pedirán la ejecución.
Bonet ha defendido la legalidad de las dos obras hechas y ha subrayado, como dijo la semana pasada, que el Ayuntamiento recorrerá contra la sentencia de Comte de Borrell por “un principio de responsabilidad y continuidad institucional”.
