Jaume Collboni está a punto de llegar a medio mandato como alcalde de Barcelona y prácticamente todo continúa igual que el primer día. El PSC gobierna la ciudad en solitario, con solo 10 concejales, plácidamente y sin muchos quebraderos de cabeza, a pesar de que el ejecutivo socialista no ha podido aprobar ninguno de los dos presupuestos municipales por la vía ordinaria. Para sacar adelante el de 2024 tuvo que recurrir a una cuestión de confianza y como la oposición no encontró un reemplazo para la alcaldía de Collboni, las cuentas recibieron luz verde. En 2025, el PSC optó por romper las negociaciones con los Comuns -cansado de que los de Janet Sanz estuvieran atrincherados «en exigencias inamovibles» dijo el teniente de alcaldía del área económica Jordi Valls- y prorrogar el presupuesto de 2024, unos 3.807 millones de euros.
Las próximas elecciones municipales serán en mayo de 2027. En el acto El alcalde responde, el encuentro anual con los medios de comunicación organizado por el Colegio de Periodistas, que tuvo lugar en la Fundación Miró, Collboni dio a conocer un proyecto que transformará la montaña de Montjuïc y sus alrededores hasta 2035. Algunas de las intervenciones más destacadas serán el nuevo eje peatonal de la plaza de España, la transformación de la Fira de Barcelona, la remodelación del Anillo Olímpico, la renovación del Morrot, la ampliación de la L2 en Montjuïc, la Marina y hasta el Parque Logístico de la Zona Franca; la consolidación del barrio de la Marina del Prat Vermell y la recuperación de los jardines históricos de la montaña. El alcalde también ha hablado de vivienda y ha asegurado que en un futuro «la solución final» a este tema es metropolitana. Entre algunas zonas donde se levantará vivienda, Collboni ha destacado 12.000 nuevas viviendas en la Marina del Prat Vermell, de las cuales la mitad serán públicas, y 15.000 en la Sagrera.
Más en clave política, el editor del Grupo Mon Salvador Cot le ha recordado a Collboni que el pacto de investidura, que le permitió ser alcalde con los apoyos del PP y de los Comuns, ha quedado en nada, ya que estas formaciones no han aprobado ninguna proposición juntos. El líder del PSC en el Ayuntamiento no ha contestado y se ha definido como «un alcalde progresista» y ha asegurado que la puerta para formar un gobierno progresista sigue abierta. El alcalde ha destacado la buena sintonía con ERC. Pero poco o nada cambiará en la gobernabilidad de la ciudad desde ahora hasta los comicios, ya que parece difícil que ERC acabe formando una coalición de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad cuando quedan solo dos años para pasar de nuevo por las urnas. El año pasado, socialistas y republicanos cerraron un preacuerdo de gobernabilidad y exhiben buena sintonía -con el apoyo de ERC a las ordenanzas fiscales y por haber sido el único partido que votó favorablemente al presupuesto municipal de 2024 y 2025 a cambio de mejoras importantes propuestas por los republicanos-. En cualquier caso, la presidenta de ERC en el Ayuntamiento y nueva secretaria general republicana Elisenda Alamany ya avisó hace unas semanas que este acuerdo se debe revisar y además los republicanos tendrán que pasar el examen de las bases barcelonesas del partido para que avalen un hipotético pacto.
Junts y Comuns ya piensan en el 2027
Junts per Barcelona y Barcelona en Comú, los partidos de la oposición con más concejales, presionan al alcalde con medidas para marcar la hoja de ruta del gobierno y exhiben diferencias con las políticas socialistas: ambas formaciones ya miran al 2027. Los independentistas tienen la intención de elegir esta primavera al alcaldable que sustituirá a Xavier Trias, ya retirado de la política activa, que ganó las elecciones de mayo de 2023, con 11 concejales y cerca de 150.000 votos. Pero no pudo gobernar porque un pacto extraño, con los votos de PP y Comuns, dieron la alcaldía al PSC. Por otro lado, los Comuns están ahora mismo en un período de transición. Ada Colau dejó el Ayuntamiento el pasado octubre y habrá que ver, a medida que se acerquen las elecciones, si decide volver a presentarse como candidata o da por cerrada la etapa municipal. Seguro, en la decisión de Colau jugará un papel importante si tiene opciones reales de volver a ser alcaldesa. Antes de que llegue ese momento, los Comuns tienen previsto celebrar el próximo verano un congreso que debe ser el inicio para intentar recuperar la alcaldía dentro de dos años y pico.
La política municipal da mucho margen de maniobra a los alcaldes a pesar de tener gobiernos en minoría. Collboni puede sacar adelante muchos proyectos e iniciativas sin necesidad de que la oposición los apruebe. Y las proposiciones que presentan los partidos en los plenos no son de obligado cumplimiento para el gobierno a pesar de que se aprueben. No obstante, hay cuestiones que necesitan los acuerdos del pleno y es aquí donde formaciones como Junts, Comuns y ERC intentan conseguir que Collboni saque adelante medidas de su ámbito ideológico. Uno de los últimos ejemplos ha sido la aprobación de las ordenanzas fiscales, con los votos de socialistas, Comuns y republicanos, que pone el foco en la fiscalidad turística. El pacto ha sido, en cierta forma, un tripartito fiscal.
La reserva del 30%, un conflicto político
En los próximos meses, otros temas que el gobierno de Collboni quiere impulsar necesitarán también el apoyo de la oposición. Uno de los que más se está hablando últimamente es la modificación de la reserva del 30%, que obliga a destinar este porcentaje a pisos públicos en las nuevas promociones y en las rehabilitaciones integrales de inmuebles que se hagan en Barcelona. El PSC la quiere revisar porque no funciona y en seis años solo se han conseguido 26 pisos públicos. Justo este miércoles, Junts per Barcelona ha vuelto a manifestar que quiere apoyarla, pero ha puesto a Collboni deberes para hacerlo, todos en el ámbito de la vivienda. Entre otros puntos, Junts pide la cesión a la ciudad de los activos inmobiliarios de la SAREB, una rebaja del IBI del 4% en el año 2026, ayudas para la compra y el alquiler y dejar de adquirir edificios “mediáticos” como la Casa Orsola y hacerlo siguiendo criterios de vulnerabilidad, ha explicado el presidente del grupo municipal Jordi Martí Galbis. Recientemente, el gobierno ya ha dicho que es necesario dar un salto de escala en la construcción de vivienda pública y pasar de las 500 a las 1.000 viviendas anuales.
A esta cuestión se ha referido también el alcalde en el acto de la Fundación Miró. Según Collboni, una de las ideas con las que se trabaja es que las viviendas públicas que se deben construir en los edificios privados, según prevé la normativa actual, se trasladen a promociones públicas en el mismo barrio, ha citado a modo de ejemplo. De todas maneras, ahora mismo «el más caliente está en la fregadera», ha afirmado sobre las negociaciones con el resto de formaciones políticas.
Precisamente, esta revisión de la reserva del 30% que quiere llevar a cabo Collboni ha generado una nueva guerra abierta con los Comuns, que se oponen porque fue una de sus medidas estrella en vivienda. Las críticas de los Comuns subieron de tono la semana pasada cuando se supo que el gobierno de Collboni había archivado expedientes sancionadores a empresas que habrían incumplido la normativa del 30%. Este hecho fue calificado por Janet Sanz como «una estafa a la ciudadanía». El gobierno de Collboni se amparó en temas de seguridad jurídica para haber tomado la decisión. Pero este mismo lunes la teniente de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet aseguraba: «El proceso sigue vivo y la prueba es que hay una sentencia favorable al Ayuntamiento y que ahora afrontamos un procedimiento sancionador que va de los 90.000 a los 900.000 euros».
A lo largo del último año las diferencias políticas y de modelo de ciudad se han agravado entre PSC y Comuns. Se han hecho evidentes en el modelo turístico, las terminales de cruceros o la cesión del Park Güell a Louis Vuitton y tocaron techo -de momento- en la ruptura de las negociaciones del presupuesto para 2025. Pero en unos meses, la modificación de la Ordenanza de civismo, que debería aprobarse en otoño, puede abrir una nueva crisis. El PSC es partidario de endurecerla y en algunos casos incrementar las multas, igual que Junts, pero los Comuns son más partidarios de una rebaja. De hecho, el primer mandato de Colau como alcaldesa, el teniente de alcaldía Jaume Asens (de los Comuns) intentó suavizar la ordenanza, pero no lo logró por falta de acuerdos políticos. Ahora, según cómo vayan las negociaciones, el PSC puede tener suficiente con cerrar un acuerdo con Junts para modificar la Ordenanza de civismo -si bien lo ideal sería que hubiera el máximo consenso del pleno-, igual que la reserva del 30%.
