Collboni hace una auditoría de las cuentas y empresas municipales

Jaume Collboni ha encargado una auditoría de las cuentas, empresas, consorcios y fundaciones municipales. Al poco de llegar a la alcaldía, el 31 de agosto del 2023, el nuevo gobierno del PSC licitó un lote de contratos por un valor estimado total de más de 5,9 millones de euros [ver aquí]. Las ofertas públicas ya fueron adjudicadas a empresas diversas del sector el pasado 17 de marzo. Esta auditoría llega después de que el consistorio se negara a hacer una de los ocho años de mandato de Ada Colau que pidió una entidad vecinal, Avis del Barri del Bon Pastor, que en octubre del año pasado contaba con el apoyo de más de 2.100 vecinos.

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A grandes rasgos, los trabajos que tendrán que hacer los auditores son de intervención general, incluyendo la auditoría de las cuentas generales del Ayuntamiento, «entidades públicas empresariales, sociedades, consorcios, fundaciones y asociaciones» del grupo municipal, así como un servicio de asesoría integral (legal, técnica y económica financiera) a las entidades dependientes del Ayuntamiento y a la dirección de empresas, consorcios y fundaciones, entre otros. Según avanzó The Objetive, las empresas adjudicatarias que hacen el servicio de auditoría son Ernst & Young, UTE Auren Auditoras SP SLP-Uniaudit Oliver Camps SL UT, Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA y Faura-Casas. De los cinco lotes del contrato, uno ha quedado desierto.

Habitual, según el Ayuntamiento

Fuentes del servicio de prensa municipal aseguran al TOT Barcelona que se trata de una auditoría «habitual» y que se suele hacer periódicamente, en palabras de la gerencia del Ayuntamiento. En cambio, Luis Carmelo, portavoz de la asociación Avis del Barri del Bon Pastor, vincula el hecho de que finalmente Collboni haya decidido hacer una auditoría por iniciativa propia a la intención de la entidad vecinal de denunciar en Europa la negativa del consistorio de facilitarles la documentación de los ocho años de mandato de Colau.

En concreto, el Ayuntamiento esgrimió como uno de los motivos a no hacer la auditoría que la petición de información solicitada por los vecinos era demasiada amplia. «Es de un volumen inasumible, afecta a toda la organización municipal y entes dependientes, y además incluye un ámbito temporal que va desde junio de 2015 hasta junio de 2023, es decir, ocho años. Actualmente, con los sistemas de información de los que dispone este Ayuntamiento no es posible obtener toda la información pedida de una forma ordenada y centralizada, y habría que hacer una investigación individual de cada uno de los diferentes conceptos pedidos por cada una de las gerencias y entes dependientes».

El no del Ayuntamiento llevó a los vecinos a presentar un escrito ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), un órgano autonómico independiente que tiene como principal función atender las reclamaciones de la ciudadanía contra la desestimación de acceso a la información. Inicialmente, fue admitido a trámite provisionalmente, pero posteriormente la GAIP lo archivó. Carmelo pidió desarchivar la reclamación, una posibilidad que la Comisión ha negado, puesto que se trata de un expediente resuelto. Si la entidad vecinal quiere presentar un recurso de reposición contra la decisión, tendrá que presentar una nueva reclamación ante la GAIP, indica la documentación a la que ha tenido acceso el TOT Barcelona. La GAIP dice a los vecinos que «no es el órgano competente para resolver, promover o elaborar auditorías de ningún organismo público». Carmelo asegura que ellos no han pedido a la GAIP que haga ninguna auditoría, sino que les garantice acceder a la información pública que plantearon al Ayuntamiento.