El gobierno de Jaume Collboni ha aislado este viernes en el pleno a Barcelona en Comú en la guerra abierta que mantienen por la normativa del 30%, que obliga a las nuevas promociones de viviendas y a las rehabilitaciones integrales de edificios a reservar este porcentaje para pisos sociales. Hace tiempo que el PSC pide revisar esta ordenanza, aprobada por una mayoría muy amplia en 2018, porque no funciona: en seis años solo se han conseguido 26 viviendas.
Consciente el alcalde de que tendrá el apoyo de Junts para aprobar la modificación, Collboni ha reclamado a los Comuns que «bajen del burro» porque «esta política se aplicará» en Barcelona, ha dicho en referencia a los cambios que quiere introducir. Una de las ideas con las que trabaja el PSC es que las viviendas sociales que debería hacer un promotor o constructor se trasladen a promociones públicas, a poder ser en el mismo barrio, dijo Collboni, a modo de ejemplo, en el acto El alcalde responde este miércoles en la Fundació Joan Miró.
Collboni ha respondido con estas palabras a una petición de la presidenta de los Comuns en el Ayuntamiento Janet Sanz, que también ha reclamado «que se activen los cinco expedientes sancionadores por incumplimiento del 30% que el alcalde ha dejado parados». Sobre esto, Collboni ha reiterado que “no es necesario activar ningún expediente sancionador sobre el 30% porque no se había desactivado nada”. Ya en su momento, el PSC explicó que se amparó en temas de seguridad jurídica para haber archivado los expedientes, pero que el proceso seguía vivo. «Hay una sentencia favorable al Ayuntamiento y que ahora enfrentamos un procedimiento sancionador que va de los 90.000 a los 900.000 euros», dijo la primera teniente de alcaldía Laia Bonet.
Junts presiona con medidas de vivienda
Esta misma semana, el presidente de Junts en el Ayuntamiento Jordi Martí Galbis y Collboni se reunieron para hablar, entre otros temas, de la revisión de la reserva del 30%. De hecho, Junts ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas en el ámbito de la vivienda para modificar la norma, entre las cuales figuran la cesión a la ciudad de los activos inmobiliarios de la SAREB, una rebaja del IBI del 4% en el año 2026, ayudas para la compra y el alquiler y dejar de adquirir edificios “mediáticos” como la Casa Orsola y hacerlo siguiendo criterios de vulnerabilidad.
