El último Consejo de Ministros ha echado atrás la congelación de los precios de los alquileres que puso con marcha durante la pandemia. Según la vicepresidenta española, Nadia Calviño, la nueva normativa que regula los alquileres ya permitirá parar el aumento de los precios y, por lo tanto, uno de los decretos estrella de la pandemia ya no es necesario. Una decisión que ha contado con el apoyo del PSOE, pero no de los ministros de Podemos. La líder de los Comunes, Ada Colau, ha cargado contra la decisión, la cual considera «unilateral» y que perjudica especialmente a Barcelona, la ciudad «más afectada» del Estado.
La exalcaldesa tampoco ha entendido la postura del nuevo alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. Colau le ha reprochado, mediante un vídeo en las redes sociales, que no haya hecho nada «para impedirlo». «La situación en Barcelona es especialmente grave, el 40% vivimos en régimen de alquiler y somos miles de familias afectadas», comenta en un vídeo en que también pide a Collboni que «interpele a su partido» para que reconsidere la postura y vuelva a llevar la congelación de los precios del alquiler al Consejo de Ministros. «La obligación de cualquier gobierno municipal y alcalde es defender a sus vecinos y los derechos fundamentales», concluye su argumentario.
En qué estado se encuentra la ley de la vivienda
La medida también ha sido criticada por el Sindicado de inquilinos, que se han mostrado sorprendido en las redes sociales. «Sin la regulación de precios en vigor en ningún territorio del Estado, es una canallada que supondrá una avalancha de subidas de alquiler y expulsiones. El PSOE, al servicio de la patronal inmobiliaria», escribieron en un tuit después de conocer la noticia.
Mientras tanto, la Generalitat de Catalunya ultima todos los trámites, conjuntamente con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para poder aplicar el tope cuanto antes mejor. El Govern ha declarado Barcelona y el resto de municipios del área metropolitana como municipios tensados dentro de una recompilación de 140 ciudades en todo el territorio, la mayoría al litoral catalán. A pesar del trámite, todavía no se puede aplicar la ley, puesto que aun está en el periodo de alegaciones, que acabará de aquí a un par de semanas.
