El Ayuntamiento de Barcelona reclamará al estado español que publique una lista de los bienes confiscados en la ciudad por el franquismo y se inicie el proceso de devolución a sus legítimos propietarios o herederos. Así lo ha acordado este miércoles por amplia mayoría la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interno a propuesta de Junts per Barcelona. Solo el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, considera que la restitución de los edificios, bienes y documentos expoliados durante la dictadura es un «acto de justicia histórica». El concejal ha asegurado que Barcelona debe exigir el «mismo trato» que el gobierno español ha dado al PNB, que ha recuperado la titularidad de un palacete en París que fue la sede del gobierno vasco en el exilio entre 1937 y 1940.
Desde Junts recuerdan que la Ley de Memoria Democrática de 2022 ya prevé el «derecho a la reparación de las víctimas del franquismo» y reconoce la «necesidad» de restituir los bienes confiscados, lo que «refuerza la legitimidad» que tiene Barcelona para reclamar el retorno de todo lo que se expolió en la ciudad, a las entidades y a los vecinos. «Debe haber un reconocimiento institucional y la reparación de una deuda histórica», ha remachado el presidente del grupo municipal de Junts. En la proposición aprobada en comisión, el partido exige al estado español que haga pública «la auditoría de bienes y derechos confiscados por el régimen franquista en el plazo de dos meses». También reclama que en la próxima comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat haya un punto del orden del día. «Con la proposición defendemos que se continúe trabajando en la reparación de las víctimas del franquismo; en este caso de las personas, entidades, instituciones que fueron víctimas de las confiscaciones del franquismo desde 1939 al 1975».
El precedente del palacete del PNB en país, ejemplo a seguir
Martí Galbis ha denunciado que el franquismo «desposeyó» a ayuntamientos, entidades y particulares de edificios, documentos y obras de arte y que Barcelona, como «símbolo de resistencia democrática, fue especialmente castigada». Los bienes confiscados tienen un «impacto patrimonial, pero también simbólico y educativo», y «contribuyen a la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia y la reparación, elementos fundamentales para la consolidación de una democracia plena y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura». El concejal confía en que el gobierno español utilizará el precedente del palacete del PNB, que se ha desbloqueado hace pocas semanas, para evitar que, en el caso de los bienes barceloneses, el proceso se prolongue más de lo debido. «La aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática debe garantizar que estos procesos sean ágiles y transparentes», ha dicho.
De hecho, el concejal de Junts ha recordado que en el año 2019, el concejal Jaume Ciurana (CiU) ya solicitó un informe sobre el expolio del franquismo en Barcelona que incluso se aprobó en el pleno, pero «seis años después no sabemos nada», ha lamentado. «Necesitamos un compromiso político e institucional para impulsar el proceso de recuperación de los bienes confiscados por el franquismo en Barcelona. Es una cuestión de justicia histórica, de memoria democrática y restitución patrimonial».
