Las ordenanzas fiscales para el próximo año en Barcelona deben aprobarse antes de fin de año para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. La aprobación definitiva debía debatirse en la comisión de Economía y Hacienda del 11 de diciembre, pero finalmente las tasas, impuestos y precios públicos que los barceloneses pagarán en 2025 se debatirán y votarán en una comisión extraordinaria el día 18. Y, posteriormente, las ordenanzas fiscales deberán recibir dos días después el aval definitivo del pleno. Si no se producen cambios en la propuesta de ordenanzas fiscales aprobada provisionalmente a finales de octubre, los ciudadanos verán cómo la mayoría de tasas e impuestos se congelan, aunque la factura del agua será más cara por un aumento de la tasa de recogida de residuos municipal.
Los barceloneses pagan a través del recibo del agua dos tasas de residuos, una de recogida (municipal) y otra de tratamiento (metropolitana). La propuesta de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento prevé un aumento de la tasa municipal para adaptarse a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 (de residuos y suelos contaminados para una economía circular), que determina la existencia de una tasa no deficitaria que cubra el 100% de los costos de prestación del servicio, y esto supone la necesidad de incrementar las tarifas de forma progresiva en tres años, argumenta el consistorio. Para 2025, el 72,7% de los hogares verán cómo la factura les subirá entre cinco y 10 euros al año, en función de la categoría del contador. Los cálculos que ha hecho el gobierno municipal es que los ciudadanos que ahora desembolsan 27,65 euros al año de la tasa pagarán 32,91 euros, y los recibos de 51,38 pasarán a 61,15 euros anuales, en cuanto a la tasa de residuos.
Comisión extraordinaria el 18 de diciembre
Sobre la celebración de la comisión extraordinaria del día 18, fuentes municipales se limitan a decir que ya estaba prevista, dado que la información pública de las ordenanzas fiscales no acaba hasta el día 11 y no había tiempo para incorporar el punto al orden del día de la comisión de este miércoles. No obstante, el lunes ni Barcelona en Comú ni ERC tenían constancia oficial de la celebración de una comisión extraordinaria el día 18. Comunes y republicanos son los dos partidos que a finales de octubre aprobaron provisionalmente las ordenanzas fiscales del gobierno de Jaume Collboni. Todo apunta a que ambas formaciones aprobarán las tasas e impuestos para 2025, pero especialmente el grupo municipal que encabeza Janet Sanz advierte que el ejecutivo del PSC aún no les había respondido las alegaciones presentadas.
Fuentes de los Comunes dicen al TOT Barcelona que están a la espera de recibir respuesta a las alegaciones para decidir el sentido de su voto el día 18. El acuerdo entre socialistas y Barcelona en Comú para la aprobación de una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) como primer paso para regular los alquileres de temporada en la ciudad ha allanado el camino, reconocen los Comunes, pero quieren que el Ayuntamiento les concrete cómo quedan las demandas que hicieron en relación al cobro del IBI máximo a los hoteles de lujo, el incremento hasta los 20 euros de la entrada al Park Güell y a reformar la Ordenanza de terrazas. Los Comunes quieren establecer unas sanciones mínimas por infracciones graves o muy graves de la ordenanza de terrazas, que fueran de 750 y 1.500 euros, respectivamente, y hacer los cambios normativos necesarios en el texto para agilizar la retirada de mesas y sillas de terrazas en casos de incumplimientos graves o muy graves.
La entrada del Park Güell pasará de 10 a 18 euros
De hecho, tanto en lo que respecta al IBI de los hoteles de lujo como a la entrada del Park Güell, el gobierno de Collboni se posicionó enseguida públicamente, y el pleno de octubre aprobó provisionalmente la subida del tipo diferenciado del IBI, del 1% al 1,08%, a los inmuebles destinados a Ocio y Hostelería con un valor catastral superior a los 5,2 millones de euros. Según el gobierno, el aumento afectará a 233 bienes inmuebles de ocio y hostelería, de los cuales 208 son hoteles. De los hoteles afectados, el 63,5% son gestionados por sociedades patrimoniales. Y sobre el Park Güell, la propuesta es que el próximo año los turistas y el resto de visitantes pasen de pagar 18 euros en lugar de los 10 actuales para entrar a la zona monumental. Los barceloneses pueden entrar gratuitamente con el registro Gaudir más, pero es necesaria una tramitación previa.
Desde ERC, el concejal Jordi Castellana reconoce que las negociaciones con el gobierno para aprobar las ordenanzas fiscales van en buena dirección, principalmente por los acuerdos en fiscalidad turística y verde y cuestiones sociales como descuentos para personas con discapacidad en centros deportivos municipales. Pero en rueda de prensa este lunes alertaba que con ellos no es suficiente para aprobar las ordenanzas. Los republicanos están a la espera de ver la foto global. «Nosotros hemos hecho los deberes sobradamente.
Ahora hay que ver si el gobierno también los ha hecho por otras partes para garantizar una aprobación de las ordenanzas fiscales. Hasta que no veamos la foto completa, preferimos ser prudentes y esperar a que haya respuesta a las alegaciones y ver la propuesta concreta que se somete a votación». La demanda principal de ERC es doblar el recargo de la tasa turística por persona y noche de cuatro a ocho euros. En esta línea, a finales de noviembre, el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña decidieron iniciar los trámites y los cambios normativos necesarios para poder incrementar el tope máximo del recargo municipal de la tasa hasta los ocho euros. La aprobación la llevará a cabo el Parlament de Catalunya y luego será el consistorio quien decidirá cómo se aplica el aumento, es decir, si es de manera progresiva o de golpe.
El IBI se congela para la ciudadanía
En términos generales, los barceloneses verán el próximo año cómo se les congela el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Los ciudadanos también pagarán lo mismo por aparcar en las áreas azul y verde, aunque los coches eléctricos o 0 emisiones perderán el 50% de la bonificación. Tampoco subirán el Bicing y el Zoo, pero sí lo hará el parque de atracciones del Tibidabo, con una entrada general que pasará de 35 a 39 euros. Además, el gobierno de Collboni incrementará notablemente la presión fiscal sobre los autocares turísticos, con la creación de una nueva tasa por el permiso diario de uso de la zona bus, con un costo por vehículo de 35 euros. En conjunto, el Ayuntamiento estima que un autocar turístico pasará de pagar 20 euros al día a 80. Y tiene previsto aumentar progresivamente el IBI que afecta a los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), ubicados básicamente en el Puerto de Barcelona por el peso que tienen en la actividad turística. La subida afectará a 130 inmuebles. Se trata de bienes como los puertos comerciales, terminales de cruceros, túneles de peajes o infraestructuras como la regasificadora. El incremento en tres años prevé pasar del 0,80%, que es el tipo vigente, al máximo permitido del 1,30% en 2027. El incremento de 2025 tendrá un impacto previsto de 4,42 millones de euros.
Junts y PP critican las ordenanzas fiscales
El presidente de Junts en el Ayuntamiento Jordi Martí Galbis considera que las ordenanzas fiscales que propone Collboni están profundamente alejadas de las necesidades mayoritarias del conjunto de la ciudadanía. «En el fondo, demuestran la continuidad con las políticas del gobierno Colau-Collboni de los últimos años, y no son más que las ordenanzas del acuerdo tripartito, de PSC, Comuns y ERC, que ya nos gobierna desde hace meses», sostiene Martí Galbis. Y añade que la situación financiera del Ayuntamiento -con un superávit superior a los 50 millones de euros en 2023– permitiría no solo la contención fiscal, sino también una rebaja significativa, por ejemplo en el IBI, para compensar los aumentos en la tasa de residuos y el impacto de la inflación para aliviar el día a día de la gente de Barcelona, por un lado, y para favorecer también la actividad económica sostenible en la ciudad y que genera empleo de calidad, por el otro. «Las de Collboni no son las ordenanzas fiscales que ahora merece y necesita Barcelona». Junts ha presentado un paquete de alegaciones que dará a conocer en los próximos días.
El presidente del PP en el Ayuntamiento Daniel Sirera se expresa en términos muy similares y cree que las ordenanzas fiscales de Collboni son fruto de un pacto con ERC y Barcelona en Comú, son continuistas y están elaboradas de espaldas a los barceloneses. «Cuando la vida se ha encarecido en más de un 30% y el poder adquisitivo de las familias ha caído, vivir en la Barcelona de Collboni es muy caro, y por eso, más que nunca, el Ayuntamiento está en la obligación de reducir impuestos», subraya Sirera. Los populares proponen bajar el IBI, el impuesto de vehículos y las tarifas del área azul y verde de aparcamiento y suprimir el impuesto municipal de residuos y el de la plusvalía y la tasa de recogida de residuos, y revertir la subida de un 8% de las tasas a los comerciantes de los mercados.
