Barcelona en Comú y ERC han impedido en el pleno de este jueves que el alcalde Jaume Collboni sea reprobado por séptima vez durante el mandato. El PP ha presentado una petición para que los grupos municipales evidenciaran la mala gestión del gobierno de Collboni y la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, durante los disturbios y saqueos que sufrió el centro de la ciudad el 24 de octubre en la convocatoria de Blocus. El texto, sin embargo, ha sido rechazado con los votos del gobierno del PSC, comunes y republicanos.
A juicio de Daniel Sirera, presidente del PP en el Ayuntamiento, el día 24 hubo falta de previsión y un dispositivo policial insuficiente. Según el alcaldable del PP, con la actuación preventiva policial del 31 de octubre quedó claro que el vandalismo del día 24 se podría haber evitado. «¿Por qué no protegieron a los comerciantes y restauradores?», ha preguntado Sirera. Para el presidente del PP, Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad, y Parlon deberían dimitir. Según el PP, los gobiernos catalán y municipal sabían lo que pasaría el día 24 y no actuaron como debían.
El 24 de octubre, una treintena de comercios sufrieron actos vandálicos, al igual que elementos del mobiliario urbano, y robos. La actuación policial terminó con unos 130 detenidos, la mayoría menores, y catorce agentes de los Mossos heridos.
El teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, ha calificado la propuesta del PP de “desfasada”. En opinión de Batlle, de los hechos del día 24 se han dado las explicaciones necesarias, mientras que ha calificado la respuesta policial del 31 de octubre de “rápida, contundente y coordinada”. El concejal del gobierno municipal considera que se está ante un nuevo fenómeno delictivo, que se refleja en los ataques de Francia.
La concejala de Barcelona en Comú Jess González ha pedido analizar qué comportamientos y malestares puede haber detrás de los disturbios del día 24 y ha insistido en la necesidad de abordar los problemas de seguridad desde una política preventiva integral.
«Un ejercicio de cinismo político»
Desde ERC, el edil Jordi Coronas ha criticado el dispositivo policial del 24 de octubre, pero ha considerado que la proposición del PP es «un ejercicio de cinismo político». A juicio de Coronas, el día 24, se fracasó porque se pusieron pocos recursos. «Fue una derrota fruto de una mala previsión», ha valorado.
El de este jueves ha sido el primer intento que los populares han hecho este mandato para reprobar la gestión de Collboni. Hasta ahora, las reprobaciones aprobadas las han impulsado Junts per Barcelona (cuatro) y Barcelona en Comú (una). Ambos partidos también propusieron una de conjunta. Precisamente, Junts ha sido uno de los partidos que han apoyado la iniciativa de los populares, después de transaccionar parte del texto presentado, y Vox. Los tres grupos suman diecisiete de los cuarenta y un concejales, insuficientes para que la propuesta saliera adelante. En su intervención, Jordi Martí Galbis, presidente de Junts en el Ayuntamiento, ha remarcado que Collboni merecía ser reprobado de nuevo.
Dispositivo policial insuficiente
En el texto que se ha debatido, Sirera aseguraba que el 24 de octubre hubo “falta de previsión y la insuficiencia de los dispositivos preventivos de seguridad desplegados, a pesar de tener conocimiento previo del riesgo de que se produjeran incidentes violentos”, decía el texto de los populares. Además, el grupo de Sirera exigía que se instara a los cuerpos policiales competentes “a investigar el origen, los canales de difusión y los posibles responsables de las convocatorias públicas que hayan contribuido a organizar o facilitar los episodios violentos, y también identificar posibles llamadas a participar en saqueos, agresiones, incendios u otras conductas delictivas”.
La proposición del PP instaba también al gobierno municipal y al departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya a desplegar, con carácter preventivo y ante futuras convocatorias, «un dispositivo especial y reforzado de seguridad, coordinado entre la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, que garantice la protección de los ciudadanos, los comerciantes, los establecimientos y el patrimonio público y privado, con especial atención a la plaza de Catalunya, el paseo de Gràcia y los principales ejes comerciales de la ciudad».
Más de 2.200 identificaciones
La segunda convocatoria de Blocus, prevista para el 31 de octubre, se saldó sin actos vandálicos ni robos. El despliegue policial fue masivo y los Mossos y la Guardia Urbana identificaron a más de 2.200 personas. El texto del PP preguntaba también al gobierno que explicara por qué el día 24 «no se llevó a cabo un dispositivo similar al realizado el día 31, ya que se ha demostrado que era la vía para evitar los disturbios y saqueos.
Por otro lado, el PP defendía que el Ayuntamiento ejerciera todas las acciones judiciales que correspondan, incluida la personación como acusación particular en los procedimientos penales en que el Ayuntamiento, los establecimientos municipales o los establecimientos privados afectados resulten perjudicados, para reclamar a los responsables la reparación íntegra de los daños y el resarcimiento de los gastos legalmente exigibles. El gobierno de Collboni ya anunció que se personaría en las causas judiciales.
