El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha archivado el caso contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la interventora del consistorio barcelonés por las subvenciones a entidades sociales supuestamente afines cuando Colau era la alcaldesa de la capital catalana. La Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática -entidad que ejercía la acusación en el caso- no ha presentado recurso. El juzgado de instrucción 21 de Barcelona no ve indicios de delito en la actuación de la exalcaldesa, tal como se muestra en la resolución que recoge la ACN.
Es la segunda vez que el juzgado archiva el caso, ya que la primera vez la Audiencia de Barcelona ordenó que se reabriera. El juzgado señala que las diligencias que la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática solicitaba al órgano judicial «inciden de nuevo en cuestiones ya valoradas y relativas a documentos que han sido aportados con anterioridad y que pueden encuadrarse en realidad en el intento de la acusación de convertir el procedimiento en una investigación prospectiva».
Investigada por diversos delitos
El caso contra Colau por las supuestas subvenciones a entidades sociales afines hizo que la exalcaldesa de Barcelona estuviese investigada por diversos delitos como prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El juzgado, sin embargo, señala que no hay «ni un solo indicio de participación de la querellada en los delitos mencionados» y argumenta que cuando Colau accedió a la alcaldía delegó funciones en otras personas, como pueden ser la concesión de subvenciones.
Las entidades afectadas como son el Observatorio DESC, Ingeniería sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona o la Alianza contra la Pobreza Energética han aprovechado el archivo del caso para sacar pecho del trabajo que se hace desde estas asociaciones y señalan que el proceso judicial contra Colau en el que se han visto afectados «se ha alargado durante años y que ha comportado un desgaste y un descrédito injusto hacia las personas y organizaciones que han sufrido esta guerra política encubierta». Las entidades, además, han denunciado la «instrumentalización de la justicia que algunos agentes de poder están ejerciendo al ver sus intereses económicos amenazados».
