Amnistía Internacional alerta que el reglamento para el uso de pistolas eléctricas del Ayuntamiento de Barcelona «no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos«. Según la entidad, la última versión de la normativa que votará la comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona el próximo miércoles «permite el arma en situaciones que no se ajustan» al principio de proporcionalidad que debería regularlas. «El potencial lesivo de estos dispositivos los sitúa inmediatamente antes del arma de fuego y, por tanto, su uso debe ser muy restringido«, argumentan desde la entidad. En este sentido, la organización reclama «una regulación más clara» y un «control más estricto» por parte del consistorio.
El reglamento que votará el miércoles el consistorio barcelonés permite que los mandos de los antidisturbios de la Guardia Urbana utilicen el aparato «en casos de riesgo razonablemente grave» a partir de principios del 2026. Este redactado, para Amnistía, «no incorpora las salvaguardas necesarias» que demandan los tratados de derechos humanos. Para la organización, la normativa de la capital incluye «supuestos demasiado generales» que abren el uso de las pistolas eléctricas a interpretación de los agentes. «Deben utilizarse únicamente como último recurso en el momento en el cual, de otra manera, estaría justificado recurrir a las armas de fuego», razonan.
Indicaciones para los derechos humanos
Entre otras cuestiones, Amnistía reclama prohibir el uso de las pistolas eléctricas en manifestaciones y concentraciones «sin ningún tipo de excepción». La entidad lamenta que el redactado actual del reglamento permite que se utilicen «en diversos supuestos», lo que atenta contra la seguridad de las personas que participen en una movilización. El contexto, advierten, «aumenta las probabilidades de fallar, pudiendo causar lesiones a personas diferentes contra las cuales se quiere usar el arma». Más allá de las protestas sociales, Amnistía reclama que se niegue completamente su uso contra menores de edad, y limitarlo en casos de personas vulnerables, como personas con enfermedades mentales. «La combinación de los efectos psicológicos del estado mental de agitación y la descarga pueden causar la muerte», aseguran. En general, las pistolas eléctricas deberían limitarse estrictamente a «casos donde haya riesgo grave para la vida o lesiones potencialmente letales de los agentes de las terceras personas».
