La amnistía de 1977 es el gran obstáculo judicial para las denuncias por torturas a disidentes políticos en la comisaría de Via Laietana por parte de la policía franquista al final de la dictadura y durante la transición. A pesar de la muerte de Franco hace ahora 50 años y la ley de memoria democrática aprobada por el gobierno español en 2022, la ley del olvido penal del 77 es un muro “insalvable” para los represaliados. Hasta ahora, dos de los tres casos denunciados han sido archivados en el estado español y han acabado en la ONU y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La tercera denuncia está en la mesa de la Fiscalía de Memoria Democrática, que debe decidir si la lleva a un juzgado para que siga investigándola. Maribel Ferrándiz, una de las represaliadas por el franquismo en Via Laietana, y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia han hecho un balance en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) del recorrido judicial de los casos ahora que hace medio siglo de la muerte del dictador.
Irídia ha llevado a la justicia tres casos, pero en ninguno de los tres las víctimas han podido declarar ante un juez. La primera querella fue la de Carles Vallejo, sindicalista torturado en 1970 y 1971 y actual presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo. Su caso llegó a un juzgado de Barcelona en noviembre de 2022, justo después de la entrada en vigor de la ley de memoria, pero fue archivado en primera instancia y después la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Constitucional le cerraron la puerta. Por eso, el pasado mes de septiembre Vallejo e Irídia acudieron al TEDH con el argumento de que la nueva ley prevé una «legítima perspectiva» para facilitar la investigación de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las torturas policiales con motivación política.
Un año después, en noviembre de 2023, se presentó la segunda querella por parte de los gemelos Pepus y Maribel Ferrándiz, activistas comunistas torturados en 1971. La justicia ordinaria también la archivó y el TC la rechazó. Pero en lugar de ir al TEDH intentaron otra vía diferente y acudieron a la ONU. Finalmente, un año más tarde, en noviembre de 2024, las hermanas independentistas Eva y Blanca Serra, torturadas en cuatro ocasiones en la comisaría de Via Laietana y en la Dirección General de Seguridad de Madrid entre 1977 y 1982, buscaron una vía diferente para evitar otro archivamiento. En lugar de ir directamente al juzgado, presentaron la denuncia en la Fiscalía de Memoria Democrática en Barcelona, que el pasado mes de mayo tomó declaración solo a Blanca, ya que su hermana Eva ya ha muerto. Así, se convirtió en la primera torturada por el franquismo en declarar ante la nueva fiscalía, que ahora debe decidir si la archiva o la lleva a un juzgado de instrucción. En este caso, parte de las torturas se produjeron después de la aprobación de la ley de amnistía del 77, pero hay el riesgo de que la justicia no las considere delito contra la humanidad y las declare prescritas.
La decepción de Ferrándiz con la justicia española
La Maribel Ferrándiz, una de las afectadas por el bloqueo judicial, está decepcionada con la justicia española y lamenta no haber tenido reparación. Además de buscar culpables, creo que el estado español debería explicar “bien la historia”, sobre todo a las nuevas generaciones. Ella asegura que se habría conformado con que la justicia hubiera investigado las torturas que sufrió y sus posibles autores, más allá de que no podrían ser condenados porque están muertos. «Deben pasar a la historia por lo que hicieron”, reclama Ferrándiz. Tanto por ella como por el resto de represaliados que también están muertos o que se exiliaron. «Si no se explica, blanquea la dictadura», lamenta. «Si en la ONU se defienden los derechos humanos, allí nos tendrán que hacer caso; no puede ser que haya tanta impunidad después de tantos años”.
La abogada Laura Medina, que lleva dos de los casos de torturas en Via Laietana, confía en que la vía de la fiscalía y de las instancias internacionales dará más resultados que la vía ordinaria. Al menos espera un posicionamiento claro de la ONU respecto a la obligación del estado español de investigar los crímenes del franquismo. «Queremos intentar conseguir un pronunciamiento claro y directo que establezca que el estado español incumple el derecho internacional sobre derechos humanos», dice Medina en declaraciones a la ACN. La letrada cree que hay alguna sentencia del TEDH «abre una brecha» para obligar a investigar los hechos, aunque no hay precedentes similares en Europa.
La coordinadora de Derecho a la Memoria de Irídia, Andrea Carrera, cree que la ley de memoria democrática es positiva, pero que tiene límites para aplicarse. «El texto, en teoría, es interesante, lo celebramos, estamos contentos de que exista, pero en la práctica es un poco decepcionante en varios ámbitos”, dice. Carrera considera que hace falta un reglamento que la desarrolle y le permita esquivar los obstáculos burocráticos y legales actuales. Según explica, todas las instancias judiciales se escudan en los tres mismos argumentos para no investigar las torturas en Via Laietana: una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 sobre la ley de amnistía de 1977; el hecho de no considerar las torturas policiales como un crimen contra la humanidad; y el principio de legalidad que impide hacer retroactivas leyes penales más restrictivas. La abogada recuerda que la ley de memoria obliga a interpretar todas las leyes españolas, incluida la amnistía de 1977, conforme a la legislación internacional sobre derechos humanos.
