Alberto Fernández Díaz, expresidente del PP de Cataluña y máximo responsable de los populares en el consistorio durante cerca de dos décadas, exige 10 años de «arraigo cívico» para acceder a una vivienda pública en Barcelona. Fernández, ya retirado de la primera línea política, ha presentado 41 alegaciones a la Ordenanza de civismo que el gobierno de Jaume Collboni quiere aprobar antes de fin de año. Lo ha hecho como presidente de la asociación de Barcino 5G y al margen de las impugnaciones que haya preparado el grupo municipal del PP, encabezado por Daniel Sirera.
Este arraigo cívico que defiende Fernández, muy similar al que Junts per Catalunya planteará en el Parlament de Catalunya, insta a que las personas que quieran acceder a un piso público haga al menos 10 años que tienen residencia legal en Barcelona. Tampoco pueden tener multas firmes por incivismo ni deudas pendientes con el Ayuntamiento. Fernández ya lanzó una idea similar en 2007, durante la campaña electoral de las municipales, como se puede comprobar en esta información de Europa Press.
«Firmeza 10» e «impunidad cero»
El exdirigente del PP propone endurecer la norma para garantizar «la impunidad cero» contra el infractor y mantener «firmeza 10» en su aplicación, expresiones, ambas, que fueron muy utilizadas por él en su etapa municipal.
El texto de las alegaciones de Barcino 5G incluye también la firma de un nuevo convenio marco del Ayuntamiento con los Mossos d’Esquadra para que puedan aplicar la Ordenanza de civismo, mantener el redactado de que los padres o tutores podrán ser responsables de las infracciones cometidas por los hijos, y crear la figura del agente cívico escolar para colaborar con la Guardia Urbana en la regulación de los accesos y los entornos de los centros educativos.
«Refugio cívico de hooligans«
Una iniciativa curiosa que Fernández quiere que se incluya en la nueva ordenanza es lo que llama «refugio cívico de hooligans«, destinado a todas aquellas personas que no tengan entrada para acceder a conciertos y competiciones deportivas masivas, como pueden ser los partidos del Barça. En este sentido, el exconcejal dice que sería necesario habilitar espacios provisionales durante la celebración del evento y antes y después del mismo para ubicar a estos grupos.
Prohibir el burka
En lo que respecta al burka, el nicab, el velo, capuchas o pasamontañas y otros tipos de ropa que cubran totalmente la cara, Fernández quiere que se prohíban en el espacio público, especialmente en actos masivos, mercados, recintos deportivos, playas o parques. El exconcejal hace esta propuesta también en «defensa de la dignidad de la mujer».
Fernández ve también necesario que el texto incorpore «expresamente» la prohibición de la mendicidad, los limpiaparabrisas y los aparcacoches, así como la tenencia y el consumo de drogas en la calle. Defiende eliminar «la advertencia previa» que los agentes de la Guardia Urbana deben hacer al sancionar la mendicidad o ir desnudo o semidesnudo.
Por otro lado, el expresidente del PP de Cataluña considera que se deben reducir las bonificaciones por pagar la sanción de manera inmediata. Hasta ahora era del 75%. Fernández cree que en el ámbito general deben ser del 50%, y del 75%, en el caso de las infracciones leves. Para el exedil, «es necesario articular un sistema eficaz de cobro de las sanciones».
Una especie de normativa metropolitana de civismo
Finalmente, Fernández plantea que el Ayuntamiento de Barcelona promueva la intervención y la colaboración de los municipios vecinos a la capital catalana a la hora de actuar «contra las prácticas irregulares y contrarias a la ordenanza». El exconcejal ve con buenos ojos una especie de normativa metropolitana de civismo y cree que la forma de hacerlo es a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), aprobando «una instrucción dirigida a todos los ayuntamientos metropolitanos».
