Élite Taxi pone fecha tope a la resolución del conflicto legal sobre la instalación de las cámaras de seguridad a los vehículos. El portavoz del sindicato, Tito Álvarez, da 15 días al Gobierno y al Instituto Metropolitano del Taxi para tomar una decisión definitiva sobre una de las demandas clave de los trabajadores del sector para combatir posibles agresiones dentro del vehículo. «De aquí a 15 días se tomará una decisión», ha declarado Álvarez, apuntando que, una vez se comunique la postura de las autoridades, contemplan una respuesta mediante «movilizaciones, la vía legal o no hacer nada», según el resultado. El ultimátum de los taxistas llega después de una reunión de la Mesa de Seguridad del Taxi, con representación de la Dirección General de Transportes y Movilidad y otras instituciones implicadas en las demandas de los trabajadores, que no satisfizo al colectivo.
La reunión fue convocada a raíz de la petición del sindicato de instalar cámaras de seguridad en los vehículos para prevenir las agresiones que, aseguran, sufren en el ejercicio de su trabajo. La Dirección General comunicó a los taxistas que estudiará la «viabilidad jurídica» de la petición de acuerdo con la normativa vigente a todas escalas antes de dar una respuesta definitiva; una postura insuficiente para los trabajadores. En este sentido, Álvarez concretó las posibles represalias planteadas por Élite Taxi, desde movilizaciones hasta llevar la normativa del Instituto Metropolitano del Taxi a la justicia. La regulación, que recoge que «cualquier elemento instalado dentro del vehículo» tiene que pasar por el IMT, es, a ojos de la organización, «absurda». Álvarez también descartó la medida propuesta por el mismo Instituto: la colocación de pegatinas a los coches para alertar de la conexión con la policía para disuadir los potenciales agresores. «Es maravilloso, alucinante», bromeaba el portavoz.
Las denuncias, al alza
Justo es decir que las preocupaciones de los taxistas se corresponden con la evolución de los datos de denuncias en el interior del taxi. Entre el 2022 y el 2023 se registró un ligero aumento de los sucesos dentro del vehículo, con una treintena más año a año, hasta las 376 a cierre del curso pasado. Solo durante enero del 2024, según los cuerpos policiales, se habrían presentado hasta 26 denuncias relacionadas con trayectos en taxi, la mayoría de ellas con delitos contra el patrimonio.
