Las licencias de motosharing vigentes en Barcelona tienen los días contados. Hacia el otoño, los 2.529 vehículos de este servicio que se mueven por Barcelona pasarán a ser gestionados desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explican al TOT Barcelona que las licencias de motos de uso compartido en la ciudad caducan este verano, entre junio y julio, y mientras se pone en marcha el servicio de motosharing metropolitano se hará una prórroga de los permisos municipales. Desde que se dieron las 6.958 licencias, en febrero de 2020, entre todas las empresas que querían operar, han dejado de circular en Barcelona 4.429 vehículos, una de cada tres.

Según el Ayuntamiento, el principal motivo de la bajada es porque ha habido empresas que han renunciado, por ejemplo Gecco, en enero de 2021, y Seat, hace cuatro meses. En mayo de 2020, había 21 empresas y ahora quedan cuatro. Inicialmente, varias compañías se dieron de baja y las licencias se reasignaron entre el resto. Con posterioridad, y a medida que otras empresas dejaban de operar, el Ayuntamiento hubiera tenido que buscar una fórmula administrativa para redistribuir las licencias y ya no se hizo porque se anunció que la gestión pasaría a manos del AMB. Todo el proceso no ha estado exento de polémica, con investigaciones abiertas por la Fiscalía, la Autoridad Catalana de la Competencia y denuncias.

Vehículos de ‘motosharing’, entre alguna que otra moto particular, a principios de junio, en las playas de Barcelona / Jordi Subirana

10 municipios y unos 10.000 vehículos

El servicio de moto compartida del AMB se pondrá en marcha, inicialmente, en 10 ciudades, con un total de 10.000 vehículos. Los municipios son Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs.

Las empresas interesadas en operar han podido presentar las solicitudes entre el 22 de mayo y el 11 de junio. Las licencias que se otorguen tendrán una vigencia de dos años -prorrogables de año en año otros dos como máximo-. Cada empresa tendrá que disponer como mínimo de 1.250 vehículos y el AMB inspeccionará periódicamente que el servicio de cada empresa se ajusta a los permisos concedidos. Así, por ejemplo, pasó en octubre de 2020 en Barcelona, cuando Acciona Mobility y eCooltra ofrecían a sus clientes un número de vehículos superior a las licencias asignadas. Y en marzo de 2021, el Ayuntamiento acabó sancionando a Acciona con 901,52 euros por ofrecer vehículos sin licencia.

Motos de ‘motosharing’, en el frente marítimo, a principios de junio / Jordi Subirana

Cuatro empresas, con más de 600 motos cada una

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, actualmente operan en Barcelona cuatro empresas de motos eléctricas de uso compartido, que son: Mobilitas Futurus, S.L – MOVO (Cabify), con 633 vehículos; Cooltra Motos, S.L.U., con 632; Acciona Mobility, S.A., con 632, y Yego Urban Mobility, también con 632. La tasa municipal anual vigente por vehículo es de 71,51 euros, es decir que el consistorio barcelonés ingresa ahora más de 209.000 euros por la tasa de ocupación de la vía pública de este servicio, una cantidad que cuando se ponga en marcha el motosharing metropolitano seguirá cobrando, confirman fuentes municipales. El Ayuntamiento no ha cobrado nunca por la gestión del servicio.

El fin de semana del 1 y el 2 de junio, coincidiendo con la celebración del Primavera Sound y con dos días bastante calurosos, la presencia de vehículos de motosharing y bicisharing en las playas de la ciudad era masiva. El caso más vistoso era en el antiguo aparcamiento de coches entre las calles de Josep Pla y de Selva de Mar, con decenas de motos estacionadas al lado del recinto del Fòrum, donde se hacía el festival de música. Por otro lado, el elevado número de bicicletas de bicisharing estacionadas en los aparcamientos públicos hacía que un ciudadano que fuera al frente marítimo con su bicicleta y la hubiera querido dejar atada en uno de los espacios habilitados, lo hubiera tenido muy complicado. Según el Ayuntamiento, aquellos días no se detectó ningún fenómeno anómalo en las playas, pero recuerdan que las empresas de motosharing y bicisharing tienen que mover los vehículos y evitar así ocupaciones masivas del espacio público en puntos concretos. La normativa establece que las empresas tienen que reubicar correctamente los vehículos cuando estén incumpliendo la normativa de estacionamiento en un plazo máximo de 24 horas.

Bicicletas de ‘bicisharing’ llenan un estacionamiento de la Barceloneta / Jordi Subirana

Las licencias de ‘bicisharing’ también caen

El bicisharing opera en Barcelona también desde 2020. Inicialmente, se dieron 3.975 licencias que se repartieron entre una decena de empresas, y ahora en la actualidad hay activas 2.185, que tienen cuatro marcas: Ridemovi S.L., con 741; Cooltra Motos, S.L.Uno., con 500, y Boltest TXFY, S.L. y Smart Cycles, S.L. (Donkey Republic), con 472 cada una. También entre las bicicletas compartidas se han perdido estos cuatro años cerca de la mitad de las licencias, en concreto 1.790, y han dejado de operar seis empresas que tenían que competir con el Bicing, el servicio municipal de alquiler.

A diferencia otras ciudades, como Madrid, en Barcelona el patinete de uso compartido es una actividad que está prohibida. Durante años, el Ayuntamiento estudió si la autorizaba, pero el octubre pasado cerró la puerta definitivamente. Es cierto que algunas empresas como Reby ofrecieron este tipo de servicio en la capital catalana, pero el Ayuntamiento llevó a cabo una intensa campaña de sanciones y retirada de vehículos que estaban estacionados incorrectamente en la vía pública. Los motivos para vetar el patinetesharing han sido el desorden que estos vehículos generaban en el espacio público, estacionados en cualquier lugar, y el riesgo viario que suponían. Actualmente, en la ciudad, solo pueden circular los patinetes particulares y los de empresas que se alquilan, por ejemplo, a turistas en Ciutat Vella y que tienen la entrada y la salida en un local, pero en ningún caso pueden utilizar la vía pública como un punto para operar.

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El servicio de motos de uso compartido empezó en 2020 con 21 empresas y cerca de 7.000 vehículos y ahora quedan cuatro compañías con unas 2.500 motos I A partir de otoño, la gestión se hará desde el área metropolitana

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