Las VTC aceleran la batalla contra la Generalitat por la nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. La patronal mayoritaria del sector, Unauto, alerta al ejecutivo catalán que deberá pagar más de 79 millones de euros «por responsabilidad patrimonial» debido a los agravios que, según alegan, les generará la nueva norma, que debería ser publicada pronto.
Según la organización, las condiciones que recoge el actual borrador harán perder a los conductores unos 65 millones de euros en concepto de lucro cesante. A este monto se deberían añadir 10 millones más para cubrir los cierres y las indemnizaciones de las empresas afectadas, y unos tres millones adicionales para sufragar despidos. Las cifras parten de la base de que la ley provocará que 2.500 licencias de VTC dejen de estar operativas.
Una regulación «discriminatoria»
La patronal de las VTC cuestiona los fundamentos de la nueva ley, ya que, a su juicio, priva a los conductores de su actividad, que consideran «un derecho adquirido», mediante la expropiación de licencias. También cuestionan las nuevas restricciones a la actividad, como la precontratación de seis horas o el servicio de una hora, que califican de «excesivas y discriminatorias». Según el presidente de la asociación, José Manuel Berzal, recortar este sector propinará «un duro golpe contra las arcas públicas catalanas, con consecuencias directas sobre los ciudadanos».
En concreto, los datos de la organización apuntan a unos 6.000 trabajadores entre directos e indirectos solo en el Principado, con una facturación cada año de unos 260 millones de euros. De hecho, otorgan margen de mejora: si las 3.756 licencias domiciliadas en el país pudieran «operar con normalidad» -solo lo hacen 2.500, aseguran-, la facturación escalaría hasta los 445 millones, mientras que la fuerza de trabajo ascendería hasta las 10.500 personas. En este sentido, Berzal advierte que «continuaremos recurriendo a la justicia para no dejar que pisoteen nuestros derechos».
