El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que permitirá a todos los ayuntamientos del estado establezcan peajes en sus municipios para reducir la contaminación. Esta nueva ley española penalizará aquellas ciudades que no cumplan con los proyectos de sostenibilidad, impulsará la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE), y potenciará el uso de la bicicleta. Hay que recordar que esta ley estaba lista para aprobarse a finales de la pasada legislatura, pero finalmente decayó por la convocatoria de elecciones.
En una comparecencia después del Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que la ley mujer cobertura legal a estos peajes, pero «no obliga» a ponerlos, cosa que quiere decir que «serán los municipios los que decidan si implantan o no a su término municipal un sistema de peajes». Puente también ha denunciado la «rebelión» de municipios donde gobierna PP y Vox contra las medidas de movilidad sostenible. Durante su intervención, el ministro ha explicado que la ley se tramitará por urgencia en el Congreso, donde espera poder establecer diálogos para que disponga del máximo de apoyos posibles. «Es una ley necesaria», ha recordado Puente, porque «la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, crea más de 800.000 puestos de trabajo, supone cerca del 5% del PIB español y genera más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo».
A quien afecta la nueva ley?
La nueva norma impulsa que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes tengan que tener planes de movilidad sostenible y que empresas con más de 500 trabajadores también tengan que crear, entre otros puntos. Además, el ejecutivo espera reducir en 8.000 millones de euros el gasto en infraestructuras en una década con la reducción de ineficiencias. Una vez esté en vigor, la norma obligará en los ayuntamientos, polígonos industriales y grandes centros de trabajo públicos y privados a diseñar planes para impulsar el transporte público, la movilidad a pie o en bicicleta. Además, la ley da un paso adelante para que los alcaldes puedan establecer tasas que penalicen la circulación de vehículos contaminantes que no pueden entrar a las zonas de bajas emisiones.
A la vez, la norma crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que será la matriz de organismos que controlarán que los municipios cumplen sus obligaciones y crean y ejecutan sus planes de movilidad sostenible. Además, también estarán obligados también los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000, que dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la norma para crear zonas de bajas emisiones y crear aparcamientos disuasivos, entre otros, además de carriles bici y zonas de mercancías.
Además, los polígonos dispondrán de 18 meses para designar un «gestor de movilidad» que ejecute los planes de movilidad, y las empresas, públicas o privadas, de más de 500 trabajadores, tendrán que hacer el mismo en un plazo de dos años. Las empresas de más de 1.000 trabajadores que estén en áreas urbanas de más de 500.000 personas tendrán que incluir en sus planos varias medidas para reducir la movilidad a horas punta y promover el transporte de bajas emisiones. Por último, la ley también regula el transporte colectivo a través de empresas como BlaBlaCar para asegurar que el precio que pagan los pasajeros para compartir gastos no acontece un pago por un transporte colectivo.
