Varias voces, de diferentes administraciones, han hecho llamados en los últimos meses para reconsiderar algunas de las bonificaciones al transporte público que se implementaron por la pandemia de la Covid-19. A pesar de las especulaciones, la portavoz del Gobierno de Cataluña, Sílvia Paneque, ha confirmado este martes que el ejecutivo catalán tiene previsto mantener la bonificación, del 50% actualmente, de cara al 2025. «Estamos a la espera del decreto definitivo del ministerio sobre qué bonificaciones asumirán. El compromiso del Gobierno es mantener y complementar las bonificaciones de 2025», ha apuntado en rueda de prensa. El pacto de investidura firmado con los Comunes instaba al PSC a mantener el descuento el próximo año.
Sin embargo, Paneque ha adelantado que los descuentos masivos terminarán el año siguiente. «Debemos reflexionar sobre qué grupos de población debemos bonificar y cuáles no, porque lo que nació en un momento de excepcionalidad, no se puede mantener de manera lineal», ha dicho, pensando en el 2026. Desde el Gobierno mantienen, en todo caso, que la intención es «mantener la democratización de la movilidad», pero dejan claro que estudiarán «qué impacto tendría [la bonificación] sobre las cuentas de la Generalitat».
A pesar de todo, Paneque sí ha detallado dos colectivos que continuarán disfrutando de bonificaciones, los jóvenes y grupos vinculados «a la movilidad laboral». «Hemos visto que las bonificaciones han incrementado el uso del transporte público por parte de los jóvenes. Sí vemos que el precio era una limitación a la hora de utilizar el transporte público», ha justificado.
Pendientes de los nuevos descuentos
Otras voces de la consejería de Territorio, como la del secretario de Movilidad y Transporte de la Generalitat, Manel Nadal, ya habían remarcado que el coste para la administración de continuar subvencionando el transporte a estas cantidades era «inasumible». La rebaja de los precios de un 50% de estos títulos de transporte desde 2022 ha sido posible porque el gobierno del Estado se ha hecho cargo de un 30% de los costes y la ATM, que depende de la Generalitat, de un 20%.
En la línea de lo que expresan en Territorio, también se ha pronunciado otras veces el ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, quien ha dejado caer que el Estado sustituirá las bonificaciones lineales por otras dirigidas solo a los colectivos más vulnerables, a los jóvenes y a aquellos que utilizan más el transporte público. «La gratuidad en ningún caso será sustituida por la nada», insisten desde la Moncloa.
