La revocación de las multas de la primera de la zona de bajas emisiones (ZBE) ya es oficial. La
Según los datos que facilitó el gobierno de Jaume Collboni a principios de abril, en total se anularán unas 140.000 multas por un importe de unos 20,1 millones de euros. El texto municipal establece que el Ayuntamiento da por finalizados «los procedimientos sancionadores tramitados por incumplimientos de la mencionada Ordenanza en los que no haya recaído resolución sancionadora», y archiva las actuaciones.
Devoluciones de los importes abonados y compensaciones
A pesar de que el consistorio dijo que no se trataba de dinero a devolver, sino que eran sanciones que no se habían cobrado, la resolución de la tercera tenencia de alcaldía reconoce «el derecho a la devolución de los importes abonados en concepto de las sanciones…, sin perjuicio de la posible compensación de estas devoluciones, cuando las personas interesadas tengan deudas pendientes en fase ejecutiva».
El texto publicado informa también que los ciudadanos pueden interponer un «recurso potestativo» contra la resolución municipal, en el periodo de un mes, o directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses.
El pasado noviembre, el Supremo anuló la primera normativa de la zona de bajas emisiones hecha por el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. De este modo, se confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2022. El TSJC defendió su decisión argumentando que la primera ZBE se había aprobado con deficiencias, como falta de informes que valoraran mejor el impacto económico y social para los conductores. La normativa estuvo en vigor desde enero del 2020 hasta febrero del 2023.
Una nueva ordenanza desde el año pasado
A raíz de la sentencia del TSJC, el Ayuntamiento aprobó en enero de 2023 la actual ZBE, que no se ha visto afectada por el revés judicial. En su momento, el consistorio dijo que el Supremo no cuestionaba la normativa, ya que la ley del cambio climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una zona de bajas emisiones para proteger la calidad del aire.
