El gobierno de Jaume Collboni pedirá a la Comisión Jurídica Asesora, el alto órgano consultivo de la Generalitat, un informe jurídico sobre la reforma de la ronda Sant Antoni, que, como este martes recordaron desde el grupo del PP en la comisión municipal de Urbanismo, infringe el Plan General Metropolitano (PGM). “Nos cogemos con mucha seriedad todos los ámbitos jurídicos y como no puede ser de otro modo, pediremos un informe a la Comisión Jurídica Asesora para que dictamine”, dijo el regidor del Eixample, Jordi Valls. Con todo, aseguró que las obras continuarán.
Según informa en su página web, la Comisión Jurídica Asesora “vela por la legalidad de la actuación de las varias administraciones catalanas”. En la mayoría de ámbitos, “los dictámenes del órgano no son vinculantes. Aun así, la Administración que haya solicitado el dictamen, solo puede apartarse de su criterio si fundamenta los motivos”, afirma.
Inicio de obras el pasado 8 de enero
Valls informó de la petición de este informe en respuesta al PP a la comisión de Urbanismo. El grupo de Daniel Sirera presentó una proposición en la cual planteaba la paralización de las obras que empezaron el pasado 8 de enero. La iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PSC, Barcelona en Comú y ERC y los votos favorables de los populares, Trias per Barcelona y Vox.
A finales de diciembre, Sirera abrió la vía administrativa para parar la reforma con la presentación de una Acción Pública Urbanística, un procedimiento que tiene por objeto impugnar unas obras para garantizar la defensa de la legalidad y al cual el ejecutivo de Collboni todavía no ha respondido. El PP afirma que la actuación municipal tiene “importantes y graves infracciones legales”. La principal es que la remodelación consiste a convertir la ronda de Sant Antoni en una zona peatonal, cuando el PGM dice que esta arteria es red viaria básica, como advirtió el TOT Barcelona. Para llevar a cabo la reforma planteada se habría tenido que hacer una modificación del PGM y el mismo gobierno municipal ha reconocido que no ha sido así.
Un caso parecido a Consell de Cent, según el PP
A la citada comisión de Urbanismo, el regidor del PP Juan Milián destacó que el cumplimiento de esta normativa es de “carácter imperativo, también por el Ayuntamiento de Barcelona, que no puede eludir procedimientos establecidos para la promoción de sus intereses políticos”, y alertó de que la transformación de la ronda de Sant Antoni puede acabar judicializada con una sentencia parecida a la de la reforma de Consell de Cent, en la cual una juez ordenó revocar las obras hechas. En aquel caso, la magistrada dictaminó que se había hecho una modificación “encubierta” del PGM y se había “prescindido totalmente y absolutamente del procedimiento establecido”. En cualquier caso, esta sentencia no se ejecutará y la misma juzgo planteó con posterioridad una mediación.
En su intervención, el regidor de Trias per Barcelona, Damià Calvet, recordó que el pasado mandato Collboni manifestó su «oposición rotunda» al proyecto de Ada Colau para la ronda, votando en contra de su socio de gobierno en comisiones y plenarios. Además, como explicitaron Milián y Calvet, el alcalde, dando luz verde a la reforma, está incumpliendo la promesa que dio a los vecinos durante la campaña electoral de parar la transformación. Calvet mostró también su inquietud por «una posible infracción del PGM», recordando que la ronda de Sant Antoni es red viaria básica. «Preocupa que pueda acabar en los tribunales como ya pasó con el proyecto de esos verdes (Consell de Cent)», valoró el exconsejero de la Generalitat y expresidente del Port de Barcelona. Una parte del vecindario, contrario a la reforma, ya ha manifestado que, si encuentra financiación, presentarán un contencioso contra el Ayuntamiento.
