Collboni devuelve 95.000 euros de multas de la ZBE tumbada por los tribunales

El gobierno de Jaume Collboni ha devuelto más de 95.000 euros en multas que fueron cobradas entre el 15 de septiembre del 2020 y el 21 de febrero del 2023, dos años y medio, por la primera zona de bajas emisiones (ZBE) y que el Tribunal Supremo tumbó definitivamente en noviembre del 2023. En concreto, el importe devuelto es de 95.140,16 euros, correspondientes a 3.917 sanciones con derecho a devolución de denuncias que se impusieron a 852 vehículos, según los datos facilitados por el Ayuntamiento al TOT Barcelona este viernes.

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Hace unos días, este medio explicaba que la Gaceta municipal, el boletín oficial del consistorio, publicaba la revocación de las sanciones impuestas por la ZBE entre septiembre de 2020 y febrero de 2023 y que comporta que se hayan tenido que anular unas 140.000 multas por un importe de unos 20,1 millones de euros. En este caso, se trata de denuncias que «no eran firmes o no estaban completamente ejecutadas en la fecha de publicación al BOE (Boletín Oficial del Estado) de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de noviembre de 2023″.

Devolución de importes abonados

Además, en el texto publicado a la Gaceta se establecía “el derecho a la devolución de los importes abonados en concepto de las sanciones…, sin perjuicio de la posible compensación de estas devoluciones, cuando las personas interesadas tengan deudas pendientes en fase ejecutiva”, que son los más de 95.000 euros citados, una cantidad «residual» en comparación con los 20,1 millones anulados, según el consistorio.

El pasado noviembre, el Supremo anuló la primera normativa de la ZBE hecha por el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. De este modo, se confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2022. El TSJC defendió su decisión argumentando que la primera ZBE se había aprobado con deficiencias, como falta de informes que valoraran mejor el impacto económico y social para los conductores.

Una nueva normativa

A raíz de la sentencia del TSJC, el Ayuntamiento aprobó en enero del 2023 una nueva ZBE, que no se ha visto afectada por el revés judicial. En su momento, el consistorio dijo que el Supremo no cuestionaba la normativa, puesto que la ley del cambio climático obliga en todos los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una zona de bajas emisiones para proteger la calidad del aire.