El Ayuntamiento de Barcelona anulará unas 140.000 multas de la primera normativa de la zona de bajas emisiones (ZBE) que fue tumbada de forma definitiva por el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado. El importe de las sanciones sube a 20,1 millones de euros. Según el consistorio, no se trata de dinero a devolver, sino que se dejará de ingresar.
Según ha avanzado
Renunciar al cobro del 42% de las sanciones
Estos 20,1 millones no se llegaron a cobrar nunca a los conductores que incumplieron la ZBE. La anulación obliga a renunciar al 42% del total de multas que impuso el Ayuntamiento durante los primeros tres años de la ZBE, entre 2020 y 2023.
En noviembre, el Supremo anuló la primera normativa de la zona de bajas emisiones (ZBE) hecha por el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. De este modo, se confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2022 y, a la vez, rechazó los recursos presentados por el consistorio barcelonés, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (CON) contra esta. El TSJC defendió su decisión argumentando que la primera ZBE se había aprobado con deficiencias, como la falta de informes que valoraran mejor el impacto económico y social para los conductores. La normativa estuvo en vigor desde enero del 2020 hasta febrero del 2023.
A raíz de la sentencia del TSJC, el Ayuntamiento aprobó en enero del 2023 la actual ZBE, que no se ha visto afectada por el revés judicial. En su momento, el consistorio dijo que el Supremo no cuestionaba la normativa, ya que la ley del cambio climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una zona de bajas emisiones para proteger la calidad del aire. Ya, entonces, el consistorio aseguró que la sentencia no repercutía a las multas firmes interpuestas por la antigua ordenanza, pero sí a las multas no firmes, que se tendrían que anular, avanzaron fuentes municipales en noviembre.
