La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat) avala instalar cámaras dentro de los taxis para «perseguir» agresiones, pero con la condición que solo se active la grabación cuando «la persona conductora en situaciones de peligro». El organismo ha dado la razón a los taxistas de la capital catalana que hace tiempo que piden poder sentirse seguros mientras hacen su trabajo. En una ordenanza, el ente que dirige Meritxell Borràs ha asegurado que «es pública y notoria la situación de inseguridad que sufre el sector del taxi» y que tener una cámara, «podría ser lícito al amparo del interés legítimo» la instalación de dispositivos de grabar dentro de los coches para prevenir las conductas delictivas.
Según ha explicado la apdcat este miércoles, los datos que recopilarían las cámaras no durarían más de un mes y además sería recomendable que se borraran cada día, puesto que cuando se quiere denunciar en estos casos las imágenes se tienen que poner a disposición de la autoridad 72 horas después. Para evitar complicaciones, el ente también asegura que hace falta que los viajeros estén informados que pueden ser grabados, mediante un «cartel informativo». «Un sistema, como el planteado en la consulta, en el cual la grabación de la imagen y la voz de los usuarios no se efectuara de manera sistemática y continuada, sino que la grabación se pudiera activar por el conductor ante una situación de peligro real, sería menos intrusivo en los derechos de las personas usuarias y más respetuoso con las expectativas de privacidad de los usuarios del servicio, a la vez que excluiría también un posible uso como control laboral del sistema», detalla el documento.
Una invasión legítima de la privacidad
La Apdcat remarca que «la videovigilancia puede ser legítima si es necesaria para cumplir la finalidad del interés legítimo», un hecho que «no se aplica de manera automática sino que es necesario hacer una ponderación» en función de los hechos. Así pues, en el caso de mantener la seguridad dentro de los taxis queda claro que es una medida necesaria. Aun así, la misma autoridad reconoce que se tiene que ir con mucho de cuenta, puesto que los datos captados no podrán ser «excesivas» y tendrán que limitarse a la «finalidad determinada» por la cual se quieren grabar y acreditar que «no hay ninguna otra medida más idónea».
