El servicio de limpieza municipal se ha visto salpicado esta semana por un juicio que afectaba a uno de sus trabajadores. Un empleado de la compañía Valoriza -que gestiona desde hace más de dos años los distritos barceloneses de Horta-Guinardó y Nou Barris– acudía a los tribunales como víctima de una agresión que tuvo lugar hace unos meses mientras realizaba tareas de limpieza en la vía pública. El afectado informó a su responsable directo del incidente en un primer momento, aportando el correspondiente atestado de los agentes de la Guardia Urbana que intervinieron en los hechos, y también le entregó la citación para la vista diez días antes de su celebración. A pesar de estar al tanto, este miembro de la plantilla terminó viéndose solo ante el magistrado, sin que ningún responsable o representante de la empresa se personara en el juzgado ni se le proporcionara un abogado para su defensa.
El incidente que ha derivado en este caso de indefensión se remonta a principios del pasado mes de septiembre. Una brigada del servicio de limpieza se encontraba en una calle del distrito de Nou Barris limpiando con una manguera entre contenedores cuando a uno de los trabajadores se le escapó momentáneamente el instrumento, dirigiendo el chorro de agua hacia la calzada. Justo en ese momento pasaba un motociclista, que terminó mojándose. El conductor se detuvo unos metros más allá y se dirigió con actitud amenazante al empleado, pidiéndole explicaciones. Su compañero intentó mediar entre los dos, tratando de hacerle entender al motociclista que había sido un accidente y pidiéndole disculpas. El conductor del vehículo se dirigió entonces hacia el otro trabajador, increpándolo e insultándolo altivamente. Ante estos hechos, el empleado le avisó que si continuaba lo denunciaría y, como este siguió, decidió hacerle una foto a la matrícula con su móvil. Cuando ya se disponía a volver al vehículo del servicio de limpieza, el motociclista le propinó una patada en la mano, haciendo volar el móvil por los aires.
Un testimonio clave para evitar un desenlace fatal
Toda esta secuencia terminó con una denuncia por un delito leve de lesiones. El afectado explicó lo ocurrido tanto a su encargado como al jefe de zona, aportando como comentábamos el atestado de la Urbana donde se detallaban los hechos. Unos diez días antes del juicio, el trabajador recibió la citación para la vista y también la hizo llegar a sus responsables. Poco antes de su celebración, el empleado fue a buscar la autorización para ausentarse del trabajo y poder acudir a los tribunales el día señalado, que coincidía con horario laboral. En un principio se la dieron sin la firma de la empresa, como si el papel no hubiera llegado a instancias superiores tal como marca el procedimiento, por lo que tuvo que reclamar que le pusieran la firma para que el documento tuviera validez oficial. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo la agresión -mientras trabajaba en la vía pública- y habiendo informado a sus superiores, la víctima esperaba que algún responsable o representante de la empresa se personara en el juzgado o que al menos le proporcionaran un abogado o asesoramiento legal de algún tipo. Nada más lejos de la realidad.
El trabajador acudió a la Ciudad de la Justicia solo y la vista se celebró sin un letrado para el denunciante. Sí se presentó en el juicio un testigo que presenció toda la secuencia y que testificó a favor de la versión del empleado del servicio de limpieza. Su relato terminó resultando clave para que el caso concluyera con el motociclista declarado culpable de un delito leve de lesiones, obligándolo a pagar 180 euros por la reparación del móvil de la víctima, así como 240 euros por la agresión en sí. Ahora bien, el desenlace podría haber sido muy diferente si el testigo no se hubiera presentado y este miembro del servicio de limpieza municipal hubiera tenido que defender su versión de los hechos sin representante legal, con el consiguiente perjuicio también para la empresa.
Choque de versiones sobre la antelación del aviso
Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona admiten que tanto la empresa como el consistorio tenían conocimiento de los hechos y del correspondiente atestado de la Urbana, pero aseguran que el trabajador comunicó la fecha del juicio de forma «sobrevenida, con poca antelación», y que esto no permitió que se pudiera «organizar ningún acompañamiento». Estas declaraciones contrastan con las del afectado, que sostiene que informó a sus superiores de la señalización al menos diez días antes de la celebración de la vista. Desde la compañía insisten en que han hecho «seguimiento en todo momento del caso» y remarcan su firme compromiso hacia los trabajadores que puedan encontrarse en situaciones de este tipo.
Por su parte, el Ayuntamiento condena cualquier tipo de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras y ofrece el máximo apoyo a las personas que han vivido situaciones de violencia o agresiones.
