Un espectáculo de luz, humo y pirotecnia más próximo a un correfoc que a una protesta es un incentivo demasiado grande para pasar desapercibido para los centenares de turistas que cada mañana atraviesan el paseo de Gracia en dirección a la plaza de Cataluña. No hay ninguno que no se pare. Y muy pocos se resisten a sacar el móvil. Es el modus operandi de los taxistas: todavía no había empezado la asamblea de la agrupación Élite Taxi que algunos, petardos en mano, han acaparado la atención de todo el mundo. Es una nueva protesta en contra de las VTC (Vehículos de Transportes con Conductor), ahora bajo el pretexto formal que el gobierno catalán no agiliza un nuevo decreto que las regule. Ahora bien, tampoco quieren confundir a nadie, a pesar de las críticas a la administración: el enemigo a batir son las empresas Uber, Cabify y compañía, que irrumpieron en Europa ahora hará dos décadas y continúan haciendo la pascua a unos taxistas que les acusan de competencia desleal y de saltarse las normas. Es una lucha eterna, crónica, que involucra taxistas y VTC, gobiernos y jueces, y que no divisa ningún tipo de solución plausible a corto plazo.
Las últimas protestas han puesto al gobierno de la Generalitat y al ministerio de Transportes en el punto de mira. El ejecutivo catalán se defiende, asegurando que se ha trabajado «codo con codo» con el sector por tener a punto una ley que está «lista» para que el próximo gobierno la pueda convalidar, «si tiene esta voluntad». Así lo ha dicho este mismo lunes –mientras los taxistas se manifestaban– la portavoz del gobierno d’ERC, Partícia Plaja, que ha lamentado que la convocatoria electoral la haya atrasado. La lupa taxista también enfoca a la Moncloa, en este caso, para que no cuestione las competencias del Parlamento para ejecutar esta nueva ley, que los taxistas consideran «bastante buena». El sector también exigirá al ministerio una solución a los seguros «abusivos» a que tienen que hacer frente, a diferencia, dicen, de las plataformas. La historia se repite. De nuevo, el taxi presiona a la política para conseguir, legislativamente, lo que la justicia les ha impedido: poner freno a «la dictadura de las plataformas de VTC».
Los primeros fracasos judiciales
La lucha taxista no es nueva. Los primeros coletazos vienen del 2014, con la irrupción masiva y desregulada de las primeras plataformas VTC en Europa y un primer conflicto bilateral en Alemania. El profesor de la UAB Carles Gòrriz López, que analiza aquellos inicios en el ensayo
En este punto empieza la batalla de los taxistas catalanes. El juzgado mercantil número 3 entendió que la actividad económica de la plataforma se tenía que calificar o bien como servicio a la sociedad de la información o bien como servicio de transporte, si bien no acaba de mojarse y pasa la pelota a Europa. En el primer caso no se puede hablar de competencia desleal, en el segundo sí. El Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE) dictó finalmente que Uber era un transporte, por lo tanto, que se tenía que someter a la normativa pertinente. Final feliz, a priori, por los taxistas, que veían la batalla judicial ganada. «Con esta resolución parecía que ganaban, porque Uber había entrado a operar sin permisos y sin responder a ninguna normativa. Pero resulta que el taxi había demandado a Uber España, cuando la operadora del servicio era Uber EE.UU., y la denuncia no prosperó. Tumbar a la compañía americana desde aquí ya es más difícil», apunta ahora el profesor Górriz en conversación con el TOT Barcelona.
El inicio del embate político
Con la batalla judicial perdida, o inicialmente perdida, las asociaciones de taxis cambian la estrategia. Empieza una nueva fase en que en vez de ir por la vía judicial, el taxi opta por la vía política, hecho que explica las movilizaciones continuas del sector estos últimos años. El mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2008 abría la puerta legal en la entrada de las plataformas, ha matizado años más tarde que la intención era regular el sector para frenar la carta blanca que a menudo propone Europa. «Los gobiernos españoles y también los gobiernos autonómicos reciben presiones y confeccionan unas normas que endurecen el régimen de las VTC, y que son, presuntamente, más favorables a los taxis», explica Górriz, que avisa que las VTC «han visto las orejas al lobo» y se «han adaptado».
Todo ello es un pez que se muerde la cola y que acaba recurrentemente con los taxistas en la calle: el sector salta de la calle en los despachos, para negociar con los gobiernos, de los despachos a los parlamentos y de los parlamentos a los juzgados. «Los gobiernos endurecen el régimen de las VTC, estas dicen que es ilegal y todo vuelve a los tribunales, que en algunos casos también están divididos», detalla el experto. El último ejemplo es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la limitación impulsada desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2019. Por un lado, Europa considera que la proporción de una VTC por cada 30 taxis que imponía el AMB [que no ha querido participar del reportaje] no se acoge al derecho europeo, va contra la «libertad de establecimiento», y que Barcelona no puede regular solo para proteger «la viabilidad económica del sector del taxi». Pero, en cambio, también ve razones «imperiosas» para que las administraciones exigen a las VTC una segunda autorización –más allá de la que exige la normativa estatal– en pro de la «buena gestión del transporte público, del tráfico y del espacio público». Una de cal y otra de arena.
Con esta resolución sobre la mesa, «Uber se acoge a la normativa de transportes y también juega sus cartas», insiste Gòrriz, que cree que «han colado un gol» a los taxistas. En todo caso, el posicionamiento de la justicia europea parece que clarifica algo más el tablero de juego y a la vez –así lo interpretan taxistas y gobiernos– se abre una rendija para endurecer las regulaciones a las plataformas. Más argumentos para continuar la lucha taxista, que aprieta para modificar la norma y hacer efectivas las restricciones. La pregunta ahora, para el profesor Gòrriz, es: «¿Estos cambios serán válidos? Porque el legislativo tampoco puede hacer el que quiera, está sometido a la Constitución y a las normativas europeas. Son casos, además, con un largo recorrido. La última regulación [la de 2019] cuenta con el aval del Tribunal Supremo, pero el TJUE dice que es contraria al derecho europeo».
Europa juega un papel esencial
La próxima partida se jugará sobre todo en la mesa del próximo gobierno de la Generalitat, que tendrá que decidir qué posición adopta con una ley suficiente hilvanada y que el sector del taxi ve con buenos ojos. Sea como fuere, los expertos insisten que la nueva norma podría suponer otro paso en falso, teniendo en cuenta que el contexto es bastante similar al de otras regulaciones, por ejemplo, la de la AMB. «Pasará lo mismo que antes. La ley es fruto de las presiones de los taxistas. Las VTC la acatarán, porque no tienen más remedio, pero la recurrirán al derecho europeo. Y en cuatro o cinco años el TJUE dirá si vale o no», pronostica Gòrriz.
¿Estamos, pues, ante un problema crónico? El profesor de la autónoma solo voz dos posibles soluciones. Por un lado, un acuerdo de sector que firmen tanto taxistas como empresas de VTC. Una opción improbable, pero posible «si pasan los años y los dos ven que las litigaciones no resuelven el problema». La segunda opción, más plausible, implicaría una norma global de carácter europeo, con instrucciones claras y concisas de Bruselas. Gòrriz lo tiene claro: «Por ahora, la UE solo lo ha intentado en el ámbito de los trabajadores, con los
